Aragón reafirma su rechazo a las zonas tensionadas y anuncia 137 nuevas viviendas en zonas turísticas
El Gobierno de Aragón continúa obstinado en su empeño de negarse a declarar zonas tensionadas en materia de vivienda y vuelve a apostar por un dogma propio y distinto al del Ejecutivo central para combatir la falta de oferta. Así lo ha reiterado este lunes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien ha anunciado en Benasque el tercer lote de viviendas a construir dentro del programa ‘Más vivienda, mejor turismo’.
“No vamos a declarar zonas tensionadas porque no queremos que se reduzca el número de alquileres habituales ni que se disparen más los precios”, ha afirmado López, quien ha insistido en que el modelo de su departamento está basado en “incrementar la oferta mediante vivienda pública en régimen de alquiler asequible”.
137 VIVIENDAS EN CINCO MUNICIPIOS
El consejero ha anunciado que este mismo martes se publican en el portal de contratación del sector público la licitación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, así como la dirección de obra para hasta 137 edificaciones repartidas entre cinco localidades aragonesas: Benasque (29), Panticosa (16), Sallent de Gállego (60), Albarracín (12) y Valderrobres (18). Se enmarcan en el programa “Más vivienda, mejor turismo”, incluido dentro del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, con una inversión total de 65 millones de euros para levantar 488 viviendas en los 43 municipios más turísticos de la Comunidad.
La previsión del Ejecutivo es que las obras puedan iniciarse durante el primer trimestre de 2026 y estén finalizadas a lo largo de 2027. “Estos son hechos y no palabras, estas son medidas eficaces para dar solución al problema de la vivienda en aquellos municipios donde hay carencia de vivienda habitual para los trabajadores de un sector tan importante para Aragón como es el del turismo”, ha subrayado el delegado del área de Vivienda en la DGA.
En el caso concreto de Benasque, se invertirán 5,6 millones de euros para construir 29 viviendas en una parcela de 3.250 metros cuadrados, de forma triangular, delimitada por la calle Camino Real, la carretera de Eriste y un suelo anejo. El edificio estará compuesto por un único bloque con 8 viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios y 4 de tres dormitorios, con superficies que irán desde los 36 hasta los 80 metros cuadrados. Todas estarán destinadas al alquiler asequible para trabajadores del sector turístico como monitores, camareros o cocineros.
CHOQUES CON EL GOBIERNO CENTRAL
El posicionamiento del Gobierno de Aragón contrasta con el anuncio realizado el pasado jueves por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien en la ciudad condal de Barcelona informó de que el Estado destinará 35 millones de euros a aquellas comunidades que sí declaren zonas tensionadas, con el objetivo de desplegar “medidas adicionales” que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Al no acogerse a esta figura recogida en la Ley estatal de Vivienda, Aragón queda excluida de esta nueva línea de ayudas. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha acusado al Ejecutivo de Azcón de “impedir” que municipios con condiciones para ser catalogados como tensionados puedan beneficiarse de estas medidas. “La declaración de una zona tensionada implica la asunción de un problema y la activación de recursos para resolverlo. El Gobierno está y estará al lado de quienes se comprometan con el derecho a una vivienda digna”, señalaba.
Beltrán criticaba además que, “por motivos ideológicos y por beneficiar al mercado, el Gobierno de Aragón ha preferido que suban los precios del alquiler a ayudar a la gente”, y ha acusado al actual Ejecutivo autonómico de “castigar a los jóvenes y familias que viven en municipios turísticos o zonas en expansión”.
Desde Aragón se respondió con dureza, calificado el reparto estatal como un “premio absurdo y difícil de explicar”, recordando que la ley no obliga a aplicar la figura de zona tensionada. “Premiar a las comunidades que se someten al dictado de la nefasta ley de vivienda del Gobierno de Sánchez, en detrimento de las que no lo hacen, es un castigo ideológico y discriminatorio”, respondían al delegado del Gobierno.
PONEN LA LEY EN DUDA
La posición del Gobierno autonómico se apoya en este caso en estudios como el del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Según este informe, desde la entrada en vigor de la Ley estatal se han retirado del mercado más de 120.000 viviendas, mientras la demanda ha subido un 200% y los precios un 26%.
El estudio señala además que la presión normativa está desplazando viviendas hacia el alquiler turístico o incluso dejándolas vacías. En la provincia de Barcelona, la oferta de pisos de alquiler ha caído un 22% desde marzo de 2024, pasando de 123.000 a 95.000 unidades.