Los cambios en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el viernes en Barcelona, ponen sobre la mesa cuestiones en la que Aragón se juega importantes cuantías. Solo en lo relativo a las entregas a cuenta del Estado para financiar los servicios públicos, en torno a de 700. Ajustados a los datos de 2023, estos fondos se actualizarán vía Real decreto-ley, aunque desde la DGA desconocen si a 2024, como se pretendía con el paquete ómnibus, que cayó en saco roto, o a 2025. Tampoco lo desvela el listado de asuntos a tratar, remitido este miércoles al Pignatelli.
Así las cosas, el Gobierno de Aragón urgió en el Consejo de la semana pasada a la actualización de las entregas y el abono de la merma conforme a las previsiones del Ministerio de Hacienda del pasado verano, que cifran en un 15%. La cartera de María Jesús Montero apuntó unos ingresos mensuales de 412 millones de euros. En enero se recibieron 378,64 y, de febrero a mayo, 350.
Es decir, 33,36 menos en el primer mes y 62 cada uno de los cuatro siguientes, hasta los 248, lo que hace un total de 281,36 que se han dejado de percibir. Tomando como referencia los 350 millones, entre junio y diciembre la merma se situaría en los 412,14, alcanzando los 693,14.
Aragón redactó hace ahora siete días un requerimiento a Hacienda para exigir así el abono de las diferencias entre enero y mayo y que en los meses siguientes se transfieran los citados 412,14. El siguiente paso, según explicó el consejero Roberto Bermúdez de Castro, era la vía contencioso-administrativa.
El Gobierno habla en el orden del día de la “restructuración de la deuda” (ya no de condonación o quita), el otro frente destacado de la financiación pendiente de abordar en Barcelona. El responsable aragonés del ramo exigió que esta cuestión se englobase dentro de la reforma del sistema y mostró su poco optimismo de cara a conseguir un acuerdo esta legislatura, consciente además de las dificultades de la tramitación parlamentaria de la quita por las exigencias de los socios de Sánchez. Tanto los independentistas como terceros actores en Sumar, caso de Compromís o CHA.
El Ministerio planteó una condonación de 2.124 de los entorno a 9.000 millones de deuda autonómica. No obstante, el ahorro no se podrá invertir, al menos de entrada, en los servicios públicos, una de las cuestiones que ha denunciado Aragón.
VIVIENDA, FP, ENERGÍA O INMIGRACIÓN
Dentro del orden del día figuran asimismo las políticas para garantizar el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal, la financiación de la educación infantil, universitaria y de la FP; el modelo energético (“descarbonización y seguridad”), un plan migratorio estructural y un capítulo dedicado a las infraestructuras. También a propuesta de la mayoría de regiones, el "caos ferroviario", la falta de profesionales sanitarios, la financiación de la dependencia y la retirada de las leyes para la reforma del Poder Judicial.
Este miércoles, la vicepresidenta y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, ha asegurado que la Conferencia debe ser “un lugar de debate y de análisis”. “No podíamos permitir, como ocurrió en diciembre, que se convirtiera en una mera foto, un monólogo”, ha valorado.
La también responsable de Economía temía que el PSOE provocase “una cortina de humo” para tapar “escándalos” y dejase en el cajón cuestiones “importantes” como la financiación, la vivienda o la energía. Este último de especial relevancia, a juicio de Vaquero, tras el apagón del pasado mes de abril. “No les ha quedado otro remedio que escuchar a las Comunidades Autónomas”, ha añadido.
La admisión de estos temas despejó del todo la sombra de un posible plantón de los barones del PP a Pedro Sánchez. Controlan once Comunidades Autónomas desde las últimas elecciones e insistían en hacer valer su mayoría conforme al reglamento.
