Aragón cifra en 485 millones más su quita de la deuda pero sigue rechazando el proyecto de ley
El Gobierno de Aragón ha presentado este viernes, tras la reunión del Consejo, sus alegaciones al proyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica. Una propuesta que sigue sin el visto bueno de la DGA, pero donde el Ejecutivo sostiene que le corresponden 485 millones más si la teórica quita se materializa. Según ha explicado la portavoz, Mar Vaquero, es el resultado de aplicar el criterio del “sobreendeudamiento” respecto a los 2.124 millones planteados por el Ministerio de Hacienda.
Preguntada por la posibilidad de apoyar la condonación si finalmente se permite destinar el ahorro de los intereses a los servicios públicos, Vaquero ha sentenciado que es “imposible”, pues “habría que cambiarlo todo a la vez”. La vicepresidenta ha insistido que la respuesta, en cualquier caso, debe ser la reforma completa del sistema de financiación.
“La quita no es tal, es una trampa donde los aragoneses acabarán debiendo más que hoy. Aun siendo alegaciones a un anteproyecto de ley, se hacen con rigor”, ha declarado la también responsable de Economía.
De acuerdo al documento remitido al Ministerio, el Gobierno de Aragón considera que la condonación “no responde a la necesidad real de las Comunidades, que pasa por la reforma integral del sistema, y que además vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad territorial” o la estabilidad presupuestaria. En suma, califican el proyecto como “arbitrario e injusto”.
253 EUROS MÁS POR ARAGONÉS, SEGÚN EL GOBIERNO
Desde la DGA insisten en que “es una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que en la práctica redistribuye cargas de forma desigual y perjudicial para Aragón”. Las estimaciones del Ejecutivo regional apuntan a un aumento de la deuda en 253 euros por aragonés, “mientras que en Cataluña o Castilla-La Mancha se reduciría en varios cientos de euros por habitante”.
Además, continúa la orden aprobada en Consejo de Gobierno, Aragón busca poner de relieve “el origen político de la medida, vinculada a acuerdos de investidura, y denuncia la ausencia de una justificación técnica suficiente”. Por ello, denuncian que el anteproyecto no se haya “consensuado” con las autonomías ni haya contado “con trabajos preparatorios que permitiesen debatir de manera rigurosa los criterios del reparto”. “La iniciativa se trasladó cerrada al Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero de 2025, sin margen para la negociación real”, sostienen.