Adelpa exige a la DGA el pago de las multas impuestas a pueblos del Pirineo por no depurar sus aguas

Algunos pueblos del Pirineo están siendo multados por no depurar sus aguas. Desde Adelpa denuncian que no tienen sus depuradoras construidas a pesar de que fueron financiadas por el Estado y exigen a la DGA que asuma las multas y deje de cobrarles el ICA. La RAPA defiende que su alternativa reduce más de un 60% el recibo del ICA.

Zaragoza.- Suprimir el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) tal y como se aplica ahora y construir las depuradoras sin coste adicional para los Ayuntamientos del Pirineo. Estas son las peticiones que han realizado, respectivamente, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) en las Cortes, en una nueva sesión de la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA.

La situación de los pueblos del Pirineo es peculiar, ya que a pesar de que la construcción de las depuradoras fue declarada de interés general por el Estado y recibieron financiación, todavía están sin construir "la inmensa mayoría de ellas". Una situación por la que están siendo multados al verter aguas residuales sin depurar. Por ello, el presidente de Adelpa, Pablo Castán, exige al Gobierno de Aragón que asuma el pago de las multas.

Castán ha denunciado también que estos pueblos estén pagando el canon de saneamiento, actual ICA, desde 2009 a pesar de que no están depurando sus aguas: "Los pueblos que no tenemos depuradora estamos pagando parcialmente la depuración de otros municipios y estos están eludiendo parte de su obligación". Por ello, exigen que se "articulen las medidas legales" necesarias para "aplicar el principio de que quien contamina paga". En este sentido, exigen también que se construyan las depuradoras incluidas en el plan Pirineos "sin más coste para los ayuntamientos".

La RAPA defiende una alternativa al ICA "justa"

La presidenta de la Red de Agua Pública de Aragón, Maribel Torrecilla, ha vuelto a defender que su alternativa al ICA es "posibilista" y está orientada "a la sostenibilidad de la depuración en Aragón". Su objetivo es que los aragoneses paguen un precio justo por depurar sus aguas, por lo que no se pagaría más de 0,920 euros por metro cúbico, cifra que marca la media española.

Torrecilla ha recordado que su propuesta reduciría en un 69% el recibo en familias de tres miembros y un 62% en familias integradas por cuatro personas. Para ello, su alternativa divide los costes en tres segmentos: una tasa por el servicio de depuración, una cuota de compensación y un aporte autonómico de los presupuestos de Aragón.

La tasa la pagarían los municipios que reciben el servicio de depuración a través del Gobierno de Aragón y la gestionarían los propios ayuntamientos. Estaría compuesta por una parte fija que sería inferior al tercio total del recibo y una parte variable en función de los metros cúbicos gastados. El precio que establece la RAPA para este segmento es de 0,824 euros el metro cúbico. De esta tasa estaría exenta Zaragoza, ya que gestiona su servicio de depuración.

La cuota de compensación la pagarían todos los municipios aragoneses "en solidaridad con los afectados por el Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas", por lo que se cobraría independientemente de si tienen o no depuradora. Esto sería un impuesto y lo cobraría la DGA directamente a los ayuntamientos, que tendrían potestad para pasarles el recibo a sus vecinos o asumirlo directamente ellos. Como el tope está fijado en 0,920 euros y la tasa en 0,824 euros, esta cuota de solidaridad sería la diferencia, es decir, 0,10 céntimos el metro cúbico.

Según la RAPA, los presupuestos del Gobierno de Aragón deben asumir cada año una parte del sobrecoste que supuso el Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas que, según la Cámara de Cuentas, fue de 138 millones de euros. Con estas tres partes, Torrecilla ha asegurado que todos los aragoneses pagarían lo mismo porque, además, se pone límites al incremento de la tarifa. Según la RAPA, esta ha aumentado un 169% desde su aplicación y la Cámara de Cuentas prevé que cada año aumente un 3,7%.