Los ecologistas piden “desmantelar” el Inaga: “Es el Instituto Aragonés para la Gestión de Amigos”

La sospecha sobre presuntas irregularidades en Forestalia llevaba años instalada las principales asambleas medioambientales de Aragón, y entre alegaciones, recursos y pleitos, este jueves han sonado con más crudeza que nunca en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FANZ). Tras una semana con el tema copando titulares en medios aragoneses y nacionales, representantes de varias plataformas ciudadanas y ecologistas han comparecido para fijar posición ante el caso Forestalia y dejar claro que, a su juicio, lo que se investiga ahora en los juzgados no les ha pillado por sorpresa. “Hace tiempo que sospechábamos de estas irregularidades”, han comenzado al inicio de una rueda de prensa en la que han mostrado su indignación y han elevado el tono con una dura impugnación del modelo renovable desplegado hasta ahora en Aragón. Todo ello con ataques directos al Inaga, sobre el que han exigido su desmantelamiento.

Han intervenido Javier Oquendo, en nombre de la Plataforma 13-M por la Racionalidad Energética y de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel; Juan Antonio Gil, por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y la Asamblea Canal Roya; y Carlos López, de Ecologistas en Acción de Monzón. Todos han coincidido en que las presuntas irregularidades que ahora afloran en torno a Forestalia, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y al Inaga encajan, dicen, con lo que “las plataformas venían denunciando desde hace años en expedientes concretos”. El detonante inmediato de este nuevo estallido fue la operación Perserte de la UCOMA del Seprona, que la semana pasada dejó seis detenidos y 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, entre ellos los practicados en el entorno de Fernando Samper y Forestalia, pero que ahora van mucho más allá.

El tono de la comparecencia ha sido durísimo. Las entidades han agradecido expresamente el trabajo del Seprona (del que depende la UCOMA), y de la Guardia Civil, pero han advertido de que no les basta con una investigación interna o con anuncios políticos ambiguos. Ahí han situado uno de sus principales reproches a las palabras pronunciadas este miércoles por la ministra Sara Aagesen, después de afirmar que los proyectos investigados están suspendidos y que el ministerio impulsará una auditoría o consultoría interna. Las plataformas han dicho abiertamente que temen que todo termine en una “patada hacia adelante” y han recalcado que lo que quieren no es una nueva maniobra de contención, sino responsabilidades reales “hasta sus últimas consecuencias”.

Y es que esa exigencia la han traducido en una batería de peticiones muy concretas. Reclaman, ante todo, la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia en Aragón, no solo del Clúster Maestrazgo; piden la revisión de todos los expedientes donde haya podido existir trato de favor; y exigen una depuración de responsabilidades en el Ministerio, en el Gobierno de Aragón y en el Inaga. Llegan incluso a interesar el desmantelamiento del propio Inaga como organismo independiente para sustituirlo por una dirección general de evaluación ambiental integrada en la Administración ordinaria. En el comunicado conjunto entregado este jueves, las plataformas sostienen que las prácticas investigadas evidencian “la falta de respeto por los pueblos y vecindarios afectados” y reclaman que se revisen no solo proyectos renovables, sino también “cualquier otra actuación administrativa bajo sospecha”.

“EL INAGA HA SIDO EL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN PARA LOS AMIGOS”

Los mismos han criticado al Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), y señalan a antiguos responsables del Ministerio y en la cadena jerárquica que, según denunciaron, no puede quedar reducida a un único ex alto cargo. Los portavoces se preguntaron cómo pudo concentrarse tanto poder de decisión en torno a Eugenio Domínguez sin que nadie por encima detectara nada o actuara. De forma expresa señalan a su superiora, Marta Gómez Palenque, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al tiempo que reclamaron seguir “tirando del hilo” porque, a su juicio, “no puede ser que nadie supiera nada”. El argumento de fondo es claro, y que “si durante años hubo un ‘runrún’ interno y numerosos expedientes polémicos, las responsabilidades no deberían agotarse en el primer escalón ya investigado”.

Juan Antonio Gil, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, ha insistido en que la sociedad civil ha terminado asumiendo un papel que no le corresponde. “No somos un gabinete jurídico y nos han obligado a serlo”, ha venido a decir, recordando la movilización de Canal Roya, la batalla contra la telecabina de Benasque y la cascada de recursos contencioso-administrativos y causas penales abiertas en Aragón. Según ha expuesto, ahora mismo resepcto a Forestalia y su órbita hay 14 denuncias en lo contencioso-administrativo y cinco causas penales abiertas en distintos frentes, mientras las alegaciones a declaraciones de impacto ambiental “se cuentan por cientos”. A su juicio, el problema ya no es una suma de errores aislados, sino “un modo de tramitar proyectos que ha erosionado la confianza en los evaluadores ambientales y ha fracturado la convivencia en muchos pueblos”.

PROYECTO BÚFALO Y CENTROS DE DATOS EN ARAGÓN

Los portavoces citan también casos concretos como el de Montesol, un expediente que, según denunciaron, pasó de una valoración negativa a una positiva en un plazo “llamativamente corto”, incluso con días festivos de por medio, algo que consideran paradigmático de las anomalías que llevan años denunciando. Otro de los asuntos sobre la mesa ha sido el Proyecto Búfalo, la gran apuesta de Forestalia para desplegar tres centros de datos hiperescalares en Magallón, Botorrita y Alfamén, con una inversión anunciada de 12.048 millones de euros y una declaración de interés general ya publicada en el BOA como paso previo a su tramitación autonómica. Las plataformas sostienen que “Búfalo está íntimamente ligado a los parques que deben suministrarle energía y advierten de que, si caen esos proyectos renovables, el plan de centros de datos también quedaría seriamente tocado”.

En paralelo, han arremetido contra las comisiones parlamentarias impulsadas hasta ahora. Javier Oquendo ha calificado de “fraude” la comisión de investigación de las Cortes de Aragón de 2024 y ha expresado su temor a que una nueva comisión vuelva a servir para “desviar la atención” en lugar de asumir decisiones de fondo. En su opinión, “ya no es momento de comisiones”, sino de que las administraciones se personen en las causas judiciales y actúen “de verdad” si creen que ha habido un problema grave. Los representantes de las ecológicas también han rechazado que la crisis pueda resolverse con una simple investigación interna del ministerio si al final “todo termina descargándose sobre un solo nombre y el resto de responsables políticos o administrativos salen indemnes".

Las plataformas, a su vez, han recordado que muchos de los proyectos discutidos “fueron promovidos inicialmente por Forestalia y vendidos después a grandes fondos o grandes compañías”. Han mencionado expresamente operaciones ligadas a Repsol, al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners y a otros actores del sector. Su planteamiento es que a algunos de esos compradores se les habría vendido, en la práctica, “un yogur caducado”. Es decir, proyectos sostenidos sobre declaraciones de impacto cuestionadas o incluso sobre expedientes que, en su opinión, ya nacían viciados. De ahí que hayan reclamado también la retirada de los fondos de inversión de aquellos proyectos donde las irregularidades sean palmarias.