El Inaga tramita más de 12.000 solicitudes anuales

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tramita más de 12.000 solicitudes cada año de más de 90 tipos diferentes. Cada día se resuelven de media alrededor de 50 expedientes. Además, cada año se expiden más de 120.000 licencias de caza y pesca. El Inaga trabaja en un mayor acercamiento a las empresas y a los usuarios.

Zaragoza.- El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tramita cada año más de 12.000 solicitudes de más de 90 tipos distintos, lo que supone que cada día se resuelven, de media, alrededor de 50 expedientes. A esta cifra hay que sumar que este organismo cada año expide más de 120.000 licencias de caza y pesca.

Desde principios del año pasado, el Gobierno de Aragón ha cambiado el enfoque estratégico de este instituto. El objetivo era pasar “de una concepción administrativa-legalista a otra estratégica de negocios”, es decir, “hacer compatible la defensa del medio ambiente con la generación de riqueza”, tal y como ha reconocido el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón.

Así, se ha producido un mayor acercamiento a las empresas y a los usuarios, en especial las pymes, prestándoles el apoyo necesario para el cumplimiento de la legislación y para que mejoren su competitividad a través de “las cuestiones medioambientales”, tal y como ha afirmado la directora del Inaga, Nuria Gayán.

También se han abordado medidas de reforma y simplificación legislativa para eliminar “obstáculos” y “hacer una sistemática poda de aquellas cuestiones que no sean fundamentales”, tal y como ha afirmado Lobón. Gayán ha reconocido que existe una “proliferación de normas muy grandes”, que hace que los que emprenden proyectos “tengan que soportar una carga administrativa importante”. Algo que desde el instituto tratan de reducir “en la medida de lo posible”.

En esta primera mitad de legislatura se ha llevado a cabo una nueva Ley de Montes, otra de Espacios Naturales y otra reguladora del Inaga, además de un decreto simplificador de medidas, que “está a punto de salir”, tal y como ha explicado el consejero. Para la segunda mitad de mandato la Consejería tiene “en cartera” la normativa de caza, las de las vías pecuarias, la de protección ambiental y la de cooperativas.

En total, ya se han adoptado 52 medidas simplificadoras y el objetivo es finalizar el mandato alcanzado las 70-75. Una vez se llegue a este número “se habrá agotado entonces toda la capacidad simplificadora de las leyes de medio ambiente”, tal y como ha manifestado Lobón.

En concreto, un total de 19 medidas ya están implantadas, mientras que otras 31 pasan por cambiar la normativa y están ya incluidas en esos cambios legislativos. Además, dos de ellas están pendientes de comenzar.

Gayán ha puesto como ejemplo de simplificación que desde el 13 de junio las empresas que tengan una autorización ambiental integrada en su instalación no tienen la obligación de renovarla. Esta medida afecta a unas 900 plantas en la Comunidad, que se ahorrarán los entre 600 y 725 euros que costaba el trámite. A cambio de esto, el instituto va a actualizar todas las autorizaciones de manera gratuita y de oficio hasta el 7 de enero.

Otra de las medidas destacadas es la reducción de requisitos previos. Se ha cambiado la autorización por la comunicación y donde “no queda más remedio” que autorizar se admite una declaración responsable para comenzar la actividad antes de la autorización.

Gayán también ha incidido en que se aumenta el número de años de la autorización de ocupación de una vía pecuaria de cinco a diez cuando se cambie la ley y de las evaluaciones de impacto ambiental, que pasarán de los dos años actuales a cinco.

Además, “dentro de poco” se dejará de exigir una fianza a las empresas que gestionan residuos no peligrosos, puesto que pedirla “tiene un impacto negativo en el acceso al crédito” y otras comunidades no la solicitan.

También se ha procedido a una apuesta por la administración electrónica, algo que estará finalizado en la segunda parte de legislatura. Espera que se pueda llegar a decir que existen “cero papeles en la relación de los usuarios con la Administración”, tal y como ha señalado Lobón. Este proceso supondrá “un ahorro procedimental y económico”.

El último de los cambios está relacionado con las limpiezas de los ríos. Desde el Inaga se están dando permisos de forma que la declaración de impacto ambiental “no dependa del Gobierno central, lo que complicaría mucho todo, sino sólo del instituto”. Durante el año 2011 se tramitaron 22 expedientes para actuaciones en 18 ríos, al año siguiente se expidieron autorizaciones para 44 trabajos en 33 cauces y para este año hay en marcha 109 expedientes, “de los cuales prácticamente la mitad están hechos”, ha concluido Lobón.