Todos los partidos políticos muestran su malestar por la sentencia
Zaragoza.- Las formaciones políticas de la Comunidad Autónoma de Aragón han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que los 96 bienes expoliados a Villanueva de Sigena en 1983 y 1992 deben quedarse en Cataluña. Acatan, pero no comparten este dictamen, ya que, además de criticar la tardanza, más de trece años, para dar luz al asunto, lo tildan, entre otros calificativos, de inconcebible, inoportuno, cobarde, discriminatorio, ofensivo, injusto y controvertido.
Así, todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han coincidido en defender el derecho de Aragón a reclamar la devolución de su patrimonio expoliado que se encuentre fuera de sus fronteras y que se recoge en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Un artículo que para la portavoz del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, el Tribunal Constitucional "se ha pasado por el arco del triunfo". Este mismo punto ha ensalzado el portavoz del Partido Aragonés, Alfredo Boné, y el diputado del mismo partido, Manuel Blasco, quienes han advertido de que pelearán "lo que haga falta" si se pretende poner en cuestión la más alta Norma aragonesa.
Además, uno tras otro han argumentado el derecho histórico de Aragón sobre su patrimonio y su legitimidad a reclamar la devolución tanto "legal como sentimental", ha dicho Boné, en espera de que llegue la legitimidad jurídica. De este modo, desde el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista han anunciado la presentación de iniciativas y el estudio de medidas a poner en marcha para solucionar el conflicto con Cataluña sobre estos bienes. El primero lo hará con una iniciativa parlamentaria a la que quiere que se unan todos los grupos de manera unánime y que exprese lo que se piensa desde Aragón y se exija la defensa del patrimonio; además, la senadora del PAR, María Jesús Burró, ha manifestado su intención de plantear iniciativas en el Senado.
Tanto Boné como Ibeas han coincidido también en asegurar que hay un doble rasero para medir a las Comunidades Autónomas, mientras que el portavoz popular Antonio Torres ha destacado que el ponente de la sentencia sea catalán, "son muchas coincidencias", ha afirmado.
Otro de los puntos en los que han centrado sus acusaciones contra la sentencia todos los partidos es el de la diferencia de opiniones entre los magistrados, incluyendo la existencia de cuatro votos particulares, que para Torres suponen que "lo mismo podrían argumentar una sentencia totalmente diferente". Por ello, ha dicho el popular, hay que estudiar todas las vías y trabajar para "no dar un paso en falso".
Asimismo, los diputados han hablado de una sentencia "incongruente", ya que, como ha explicado Nieves Ibeas y la diputada de IU Patricia Luquin, no aclara el conflicto de competencias y pone en entredicho el derecho de retracto de Aragón, centrando el fallo en resolver que las órdenes del Gobierno de Aragón son inconstitucionales, "algo que no planteaba Cataluña en su recurso". Para Luquin, este fallo significa que se pone por encima del retracto recogido en el Estatuto, el criterio de territorialidad, lo que considera "peligroso" y que "enrevesa" el problema.
Finalmente, mientras el portavoz socialista Javier Sada se ha dedicado a defender la labor de los anteriores Gobiernos de Aragón para recuperar los bienes y las inversiones que se hicieron en el Museo que deberá albergarlos algún día -al igual que lo ha hecho el del PAR Alfredo Boné-, la portavoz de Chunta Aragonesista y la diputada de IU han criticado la "ineficacia" de los Gobiernos aragoneses para recuperar el patrimonio expoliado y su "cobardía porque no han hecho nada en nombre del pueblo aragonés".
La petición unánime: que el Gobierno de Aragón agote todas las vías posibles, insistiendo en la vía política, para que el patrimonio aragonés vuelva a Aragón.