Cuatro migrantes acogidos en Sabiñánigo se quedan en la calle tras una oferta de trabajo fraudulenta
Cuatro migrantes procedentes de Canarias que estaban acogidos en el albergue Pirenarium de Sabiñánigo se han quedado en la calle tras sufrir una supuesta estafa y se encuentran habitando en tiendas de campaña a las puertas del alojamiento pidiendo una readmisión o una alternativa. Los jóvenes recibieron una oferta de trabajo en Burgos, tramitada por la asociación Apip-Acam que gestiona el centro de acogida, y que finalmente resultó “engañosa”, lo que hizo que volvieran a la localidad oscense.
Ante esta situación el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que los hechos “se están investigando” para detectar el posible fallo y que, según lo trasladado por la entidad, “no se detectó ningún fraude ni en la modalidad del contrato ni en la actividad” que iban a desarrollar estos migrantes, que estaban acogidos en situación de Protección Internacional. “A la propia entidad, si finalmente se trata de un fraude, también se les ha engañado, eso es lo que estamos investigando”, ha explicado.
DELEGACIÓN ASEGURA QUE LA COMPETENCIA ES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Ante una posible readmisión, el delegado ha matizado que estos migrantes se encuentran en la última fase del programa de acogida, el que corresponde a “una plena autonomía”. “Son ciudadanos que tienen permiso de residencia y de trabajo en España, pero se han quedado sin y están en una situación vulnerable”. Así, ha destacado que la competencia corresponde en estos momentos a los servicios sociales comarcales para una “atención inmediata” y al Gobierno de Aragón para comenzar con la “búsqueda activa de empleo”.
Como ha explicado, se trabaja con personas que solicitan Protección Internacional en tres fases. La primera corresponde a una fase de valoración y asistencia médica; la segunda una fase de acogida en la que se les informa de sus posibilidades laborales en España y aprenden el lenguaje (en la que se encuentran ahora los migrantes de Mora de Rubielos) y por último una fase de autonomía, en la que se encuentran los migrantes que se fueron de Sabiñánigo, cuando ya llevan un mínimo de tiempo en el país, con un conocimiento de la lengua y de sus capacitaciones laborales.
“TIENEN LA MISMA CONSIDERACIÓN DE UNA PERSONA ESPAÑOLA QUE PIERDE SU TRABAJO”
Así, el delegado ha indicado que estos cuatro migrantes, al encontrarse en fase de autonomía, “tendrían que estar trabajando, teniendo ingresos y buscando un piso de alquiler, pero ha habido un fallo por un supuesto fraude”. Por tanto, ha incidido en que “tienen la misma consideración que una persona española que pierde su trabajo y se queda en la calle” y que la tarea desde el Gobierno central es “esclarecer lo ocurrido”.
“Una cosa es perseguir el fallo y denunciarlo, que eso supondría que la entidad interpusiera la denuncia correspondiente, y otra la situación de vulnerabilidad. La entidad deberá personarse y denunciar si ha sido engañada como el trabajador, pero la vulnerabilidad de la persona adquiere otra casuística”, ha concluido.
En total, Aragón cuenta con 722 plazas para acoger a personas migrantes procedentes de Canarias y actualmente están en funcionamiento centros en Sabiñánigo, Épila, Quicena, Zaragoza y Mora de Rubielos. Con el objetivo de tender puentes y mejorar la inserción laboral de las personas migrantes que llegan a la comunidad, la delegación del Gobierno se ha reunido este miércoles con CEOE y Cepyme y con las entidades sociales.
LA DGA RECLAMA “INFORMACIÓN, COORDINACIÓN, VERACIDAD Y LEALTAD INSTITUCIONAL”
Desde la DGA han denunciado “la opacidad y la falta de transparencia con la que actúa el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en estos procesos a los que ahora se añade una irresponsabilidad y una dejación de funciones que agrava la situación”. Han señalado que, si esas personas “están en fase de autonomía” es al Estado a quien corresponde garantizar su ingreso en un programa de Protección Internacional para su inclusión social y laboral.
Así, han recalcado que este episodio es “una muestra más de la dejadez de quienes deben atender a estas personas migrantes especialmente vulnerables”. “El Gobierno de España no sólo no informa al Gobierno de Aragón sobre qué sucede con todas ellas una vez abandonan un recurso; tampoco están acompañando su proceso de inclusión como corresponde y lo dan por concluido sin las garantías que se necesitan”, han señalado.
Además, han denunciado que “no es la primera vez que se registran problemas con el recurso en Sabiñánigo” y, por ello, solicitan que acrediten “si están cumpliendo con su deber de vigilancia respecto a la atención que se está prestando a estas personas” y que expliquen “cómo son esas medidas de control”.
En esta línea, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha instado al delegado a que comparta “la documentación a través de la cual fueron contratadas estas personas y las renuncias voluntarias al recurso de acogida” y que detalle a la opinión pública “cuales son los mecanismos de control que se deberían estar aplicando para garantizar la inclusión social y laboral en condiciones de todas las personas que forman parte de estos programas financiados por el Estado”.
En definitiva, desde la DGA solicitan “más información, más coordinación, más lealtad institucional y más veracidad en sus declaraciones”.