La situación de excepcionalidad para los más de 200 vecinos de la plaza Santa Clara de Huesca, que fueron desalojados el jueves por riesgo de colapso de sus inmuebles, apunta a prolongarse durante una o varias semanas. Así lo ha avanzado este viernes la alcaldesa Lorena Orduna, quien ha confirmado que no podrán regresar “a corto plazo” a expensas de los estudios técnicos que determinarán los próximos pasos relativos a los bloques, siendo el número uno el que tiene menos daños de entrada y el cuatro, junto a la calle San Lorenzo, todo lo contrario.
Las pruebas se han solicitado “por la vía urgente” pero habrá que esperar “hasta la semana que viene”. El número uno, en el extremo opuesto al que más preocupa y menos antiguo, según Orduna, “presenta menos patologías” y “quizá esas personas podrían volver a su casa” llegado el momento. Desde la “prudencia”, y dentro de la gravedad, la primera edil ha precisado que el tres “está algo mejor”, no así el dos.
El derrumbe no es un escenario factible ahora mismo, ha querido aclarar ante los rumores. “Hay que ser cautos con las informaciones y explicar las cosas bien. No se puede barajar eso ni nada hasta que tengamos los ensayos finalizados, los informes técnicos pertinentes y sepamos qué hay que hacer”, ha expresado.
El consistorio, que ha contactado con más empresas especializadas para obtener “una segunda opinión”, ha colocado sensores de los Bomberos de la Diputación para garantizar la entrada de aquellos que todavía tienen enseres o pertenencias. Movimientos puntuales, en cualquier caso, pues se ha prohibido abrir los locales comerciales de los bajos. Una de las empresas baraja trasladarse al parque tecnológico Walqa temporalmente.
“Hay mucha gente que quiere seguir entrando a sus viviendas, pero vamos a insistir en que la seguridad es prioritaria y que nadie puede hacerlo sin analizar que no haya temblores o vibraciones, que vayan acompañados de bomberos o policías”, ha insistido Orduna. La posibilidad del colapso inminente está descartada, ha matizado, si bien todos los indicadores a raíz del informe del arquitecto dejaron “clarísima” la decisión del desalojo el jueves.
97 PERSONAS EN LOS RECURSOS MUNICIPALES
Hasta 97 personas, 20 de ellas menores, han pasado la noche en los recursos desplegados por el consistorio, incluido el traslado circunstancial a hoteles que, sin embargo, están “totalmente bloqueados” el fin de semana, lo que obligará a una nueva reubicación. El resto lo han hecho en casas de familiares o amigos. La alcaldesa ha incidido en que había vecinos alquilados, estudiantes o personas mayores. El Ayuntamiento ha habilitado un comedor social a través de Cáritas (Carinserta).
Como ya avanzó Orduna horas después del desalojo, el Gobierno municipal trabaja en la puesta en marcha de un paquete de ayudas para los afectados, “ayudas directas más que subvenciones”. La DGA “tiene más capacidad y nos mostraron que nos apoyarían en todo lo que necesitáramos, tanto técnica como económicamente”, ha ampliado.
Fruto de la activación del primer nivel de alerta, continuarán las afecciones al tráfico. Orduna ha celebrado la respuesta de la ciudadanía oscense y las muestras de solidaridad, incluso con particulares ofreciendo alojamientos a través de las redes. “Le pido a todo el mundo paciencia y empatía porque esto va para largo”, ha concluido.
