El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a un ambicioso contrato destinado a garantizar la conservación y la explotación del túnel de Somport, en la provincia de Huesca, y de las plataformas de acceso tanto en territorio español como en el tramo francés del paso fronterizo. La inversión prevista alcanza los 39,7 millones de euros (sin IVA), enmarcada en el programa estatal para mantener y mejorar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de la Red de Carreteras del Estado.
La duración inicial del contrato será de tres años, aunque se contempla la posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una y otra ampliación de un máximo de nueve meses. Con ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que lidera el socialista Óscar Puente persigue asegurar que esta infraestructura clave para la conexión con Francia se mantenga accesible y operativa en todo momento.
ACTUACIÓN EN CASI 10 KILÓMETROS
El ámbito de actuación se extiende a lo largo de 9,815 kilómetros, comprendidos entre los puntos kilométricos 666,275 y 672,480 de la carretera N-330, y del 115,260 al 118,870 de la carretera RN-1134, correspondiente a la plataforma francesa del túnel de Somport. Precisamente, una de las intervenciones específicas previstas es la rehabilitación superficial del firme en este tramo francés, ya que, según el convenio firmado entre España y Francia, su conservación es responsabilidad de la Administración española.
Los trabajos que se acometerán incluyen la vigilancia permanente, la atención de accidentes, el servicio de vialidad invernal, el control de túneles y sistemas de comunicación, así como el mantenimiento de todas las instalaciones. Además, los pliegos de este contrato recogen condiciones específicas para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 derivadas de las actividades de conservación.
COMPROMISOS CON LA DESCARBONIZACIÓN
Dentro de esta estrategia de sostenibilidad, las empresas licitadoras deberán presentar, durante los primeros seis meses de ejecución, un plan de descarbonización con el objetivo de lograr un balance neutro de carbono en un plazo máximo de cinco años. La compensación de emisiones se podrá realizar mediante proyectos de absorción registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico u otras alternativas reconocidas oficialmente.
Los licitadores deberán también incluir en sus ofertas el cálculo detallado de la huella de carbono que generará la ejecución del contrato en cada tramo. Este requisito se suma a medidas de eficiencia energética que ya se incorporaron en los contratos desde 2022, como la implantación de autoconsumo energético, la introducción de vehículos eléctricos, sistemas renovables de calefacción y actuaciones de ahorro en la iluminación de los túneles y dependencias.
En paralelo, desde 2023, la presentación de este plan de descarbonización se valora como criterio añadido en el proceso de adjudicación. Con estas actuaciones, el Ministerio persigue reducir las 71.640 toneladas anuales de CO2 que genera el funcionamiento ordinario y las labores de conservación de la red estatal de carreteras.
Este enfoque refuerza, según Transportes, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se alinean estas inversiones: el ODS 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; el ODS 11, que aboga por un transporte seguro y accesible; el ODS 8, por su contribución al crecimiento económico y el empleo; y el ODS 7, enfocado a la eficiencia energética.
MODELO MIXTO DE SERVICIOS
El contrato autorizado se articula bajo el modelo mixto de servicios y obra, con el que el Gobierno busca ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario y optimizar el uso de los recursos públicos. Este modelo permite ejecutar operaciones de conservación ordinaria y actuaciones de mejora sobre la infraestructura, de manera que los elementos funcionales de la carretera se mantengan siempre en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.
A través de este contrato se desarrollarán trabajos de ayuda a la vialidad, conservación ordinaria, mantenimiento de instalaciones, control de túneles, atención de emergencias y accidentes, y vigilancia permanente del estado de la infraestructura. También se contemplan tareas de información sobre el estado de la vía, estudios de seguridad vial y la planificación de medidas preventivas para anticipar posibles incidencias.
