El plan de Renfe para cubrir incidencias en tren con autobuses genera rechazo en el sector

Renfe quiere reforzar su capacidad de respuesta ante las frecuentes incidencias ferroviarias con un nuevo sistema de transporte alternativo por carretera. La operadora pública ha sacado a licitación un acuerdo marco para crear un servicio de autobuses que cubra interrupciones en el tren mediante una sociedad compartida con una empresa adjudicataria.

La iniciativa llega después de años marcados por incidencias y cortes en el servicio ferroviario. A comienzos de marzo, Renfe activó este proceso para constituir una sociedad anónima participada al 51% por la empresa adjudicataria y al 49% por la propia compañía pública, que se encargaría de prestar transporte alternativo en autobús cuando se produzcan interrupciones en la red.

1. RECHAZO DE LAS PYMES DEL TRANSPORTE
2. REQUISITOS QUE LIMITAN LA CONCURRENCIA

RECHAZO DE LAS PYMES DEL TRANSPORTE

Las pymes del transporte por carretera en España rechazan el proyecto y consideran que el modelo planteado limita de forma clara la participación de autónomos y pymes del sector.

Fenadismer, a través de un comunicado, recuerda que "este tipo de empresas constituyen la base del tejido empresarial del transporte de viajeros por carretera en España". Según sus datos, en el país existen unas 2.700 empresas de transporte de viajeros en autobús, de las cuales más del 60% son microempresas con menos de diez autobuses. En el extremo contrario, solo el 2,6% se consideran grandes compañías, con flotas superiores a los 100 vehículos.

REQUISITOS QUE LIMITAN LA CONCURRENCIA

El principal motivo de la oposición del sector está en los "requisitos exigidos en la licitación. Entre ellos figura la obligación de acreditar 500 vehículos en propiedad, o 300 en caso de concurrir mediante una UTE, además de demostrar una cifra de negocio superior a los 75 millones de euros".

A ello se suma la exigencia de haber ejecutado contratos similares por un importe mínimo de 35 millones de euros. Según Fenadismer, "estas condiciones dejan en la práctica fuera de la licitación al 99% de las empresas del sector, ya que apenas una decena de compañías de autobuses que operan actualmente en España cumplen esos requisitos".

La organización considera que estas exigencias suponen una limitación de la libre concurrencia y reducen la participación no solo de las pymes, sino de prácticamente todo el sector del transporte de viajeros por carretera en autobús.