Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del Partido Popular. La actuación forma parte de una investigación judicial abierta por presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia, un asunto que vuelve a poner el foco en la gestión de las instituciones locales almerienses.
Fuentes próximas al caso han detallado a EFE que el procedimiento lo dirige el Juzgado número 1 de Almería y que, a lo largo del día, están previstos diferentes registros en varios domicilios. La investigación avanza después de meses de movimientos judiciales y de peticiones expresas del PSOE para que se aclararan los márgenes de responsabilidad en las adjudicaciones bajo sospecha.
EL CASO MASCARILLAS, EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN
Giménez y Sánchez ya estaban siendo investigados por su papel en el llamado caso mascarillas, que analiza supuestas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante los meses más críticos de la pandemia. A comienzos de mes, el PSOE solicitó que se tomara declaración como testigo a Javier Aureliano García, también presidente provincial del PP, para esclarecer su participación.
El partido, que ejerce la acusación popular, basa su petición en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en la información recogida en un atestado de la UCO fechado el 25 de abril. Los socialistas quieren que García explique cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones ahora investigadas.
Según el escrito presentado, el objetivo es determinar si en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros, pudieron concurrir delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.
PETICIONES DEL PSOE Y MENSAJES INTERVENIDOS
El PSOE reclama además que la Diputación entregue la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con el detalle de sus funciones y adscripción. También pide identificar a los asesores asignados al entonces diputado Óscar Liria y al actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados.
En su escrito, la acusación popular también señala la existencia de un grupo de mensajería llamado “Naranjito”, donde, según consta, García intercambió mensajes con Liria —vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos en esta trama— y con Giménez. Uno de esos mensajes, reproducido literalmente, decía: “Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!”.
Para el PSOE, ese intercambio “pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos” y pide que se incorpore íntegramente a la causa.
