El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción millonaria a Airbnb por incumplir la normativa de consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha multado a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas con 64.055.311 euros por, “entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia”.
Así lo ha comunicado este lunes el gabinete de Bustinduy, que ha precisado que la resolución ya es firme y pone fin a la vía administrativa, una vez resuelto el recurso de alzada presentado ante el propio ministro de Consumo.
La resolución incluye, además, dos sanciones accesorias. Por un lado, obliga a Airbnb a corregir los incumplimientos detectados mediante la eliminación de los contenidos ilícitos publicados. Por otro, impone a la plataforma la obligación de hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios publicados en Airbnb. Según Consumo, en primer lugar se han identificado prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias, tipificadas en la letra M del artículo 47.1 del TRLGDCU, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Entre estas prácticas figuran la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, en contra de lo que exige la mayoría de las normativas autonómicas, que obligan a incluir el número de registro en la publicidad. También se han detectado anuncios que indican un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración oficial, así como la publicación de alojamientos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que supone una práctica de publicidad “engañosa”.
Por estos hechos, el Ministerio impone una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros. Esta cuantía equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que los anuncios permanecieron publicados, desde el apercibimiento formulado por Consumo hasta su retirada por parte de la plataforma.
JUSTICIA
“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos”, ha recordado Consumo. En segundo lugar, el departamento también ha identificado el incumplimiento de las obligaciones relativas a los contratos celebrados a distancia, recogido en la letra T del artículo 47.1 del TRLGDCU.
En concreto, se reprocha a la plataforma la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Esta conducta se considera una infracción leve y ha sido sancionada con 10.000 euros.
En tercer lugar, Consumo aprecia una obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, recogida en la letra I del artículo 47.1 del TRLGDCU. Según el departamento de Bustinduy, Airbnb no respondió a los requerimientos realizados durante la instrucción del expediente, lo que ha dado lugar a otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.
A ello se suma un cuarto incumplimiento: la vulneración de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas para evitar riesgos o perjuicios a las personas consumidoras durante la tramitación del expediente. Esta infracción, recogida en la letra O del artículo 47.1 del TRLGDCU, ha sido considerada grave y sancionada con 55.000 euros.
MÁS EXPEDIENTES
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene abiertos otros expedientes sancionadores dirigidos a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
“Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país”, ha declarado el Ministerio.
En paralelo, ha señalado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y ha advertido de que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
