La Conferencia Episcopal crea una comisión de arbitraje para casos de abusos que no puedan juzgarse

La comisión, de ámbito nacional, estudiará las denuncias de las oficinas que no pueden tener un recorrido judicial, porque ha fallecido el agresor o haya una prescripción civil
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photo_camera El plan de reparación busca “evitar que los abusos no vuelvan a repetirse y ofrecer a las víctimas una reparación integral"

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado una comisión de arbitraje para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores que por diversos motivos no pueden tener recorrido en el ámbito judicial civil, conferencia-episcopal canónico o penal.

Así lo ha indicado el secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, en la rueda de prensa convocada con motivo de la Comisión Permanente en la que una treintena de prelados han preparado el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria de principios de marzo.

El plan de reparación en el que trabajan desde hace tiempo los obispos busca “evitar que los abusos no vuelvan a repetirse y ofrecer a las víctimas, mirando al pasado y presente una reparación integral y adecuada, y buscando dar respuesta a lo que cada víctima requiera y presente”, y en ese plan se incluye la citada comisión.

“La comisión, de ámbito nacional, estudiará las denuncias de las oficinas que no pueden tener un recorrido judicial, porque ha fallecido el agresor o haya una prescripción civil”, ha matizado el portavoz de la CEE, que añadió que en el resto de casos los prelados están “a lo que digan las diferentes sentencias”.

AUDITORÍA NO BARATA

García Magán también ha reconocido que la auditoría que la CEE encargó a Cremades & Calvo Sotelo “no ha sido barata” y ha conllevado unos “gastos adicionales” de 1.225.000 euros, coste que habría sido superior si la auditoría no se hubiese planteado “pro bono”. Sin embargo, ha subrayado, que “para ayudar a buscar la verdad y clarificar” las víctimas “se merecen todo eso”.

El secretario general, también obispo auxiliar de Toledo, ha indicado que los miembros de la comisión de arbitraje responderán a un perfil de expertos “reconocidos” y de “pluralidad de procedencias” (ámbito jurídico, civil y canónico, médicos, expertos con “dimensión espiritual” y que están trabajando en las oficinas diocesanas y de la vida consagrada”. “La Asamblea Plenaria diseñará las competencias concretas”, ha indicado.

Además, se creará otra comisión que haga “una baremación” para considerar hipotéticas indemnizaciones de casos que así lo requieran de los que hayan quedado sin ese recorrido judicial. No obstante, García Magán ha sentenciado que se estudiará “caso por caso” por espeto al dolor de las víctimas y que “reducirlo a lo económico” le parece “una mercantilización de las víctimas”.