La Comisión Europea advierte a España de consecuencias jurídicas al no comunicar la norma de la baliza V16
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada.
Ha advertido también que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
NORMATIVA EUROPEA
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos" podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España, advierte la respuesta parlamentaria.
Bruselas aclara que, aunque no hay una norma común europea para las señales de emergencia y cada país aplica la suya, España no puede imponer requisitos técnicos que dificulten el comercio dentro de la UE. Si lo hace, debe justificar legalmente que esa restricción es necesaria por razones de seguridad, para no vulnerar el principio de libre circulación de mercancías
EXPLICACIONES AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “El propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Montserrat ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones y le ha reclamado que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.