Begoña Gómez declara por un presunto delito de malversación y el Gobierno acusa a la Justicia de "persecución política"
El Gobierno de España ha criticado duramente la citación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que declara este miércoles como investigada por un presunto delito de malversación. Desde Moncloa se considera que este procedimiento “responde a una persecución política y policial contra la familia del presidente” y lo califican de auténtica “cacería política”.
La comparecencia de Gómez será ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, quien decidió adelantar la declaración un día, del jueves al miércoles, después de que su abogado, Antonio Camacho, solicitara aplazarla por coincidir con otro señalamiento en Canarias.
Además, el magistrado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los correos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018, coincidiendo con el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora.
La defensa de Gómez ha impugnado la citación y ha cuestionado la base de la investigación, señalando que uno de los correos utilizados como prueba se refería a “un favor, un uso social” y que considerarlo delito supone “una interpretación del Código Penal alejada de la realidad”. Camacho ha criticado que la providencia del juez “carece de motivación” y no recoge “ninguna cautela”, a pesar de la “repercusión mediática indiscutible” que tiene el caso y de que afecta a los derechos fundamentales de su defendida.
Con la declaración de hoy, la polémica en torno al caso se intensifica, mientras el Gobierno insiste en que se trata de una ofensiva política y la oposición reclama explicaciones sobre el papel de Gómez y el posible uso indebido de recursos públicos.