El juez Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, ha decidido este miércoles mantener en libertad al exministro de Transportes José Luis Ábalos, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ha ratificado las medidas cautelares ya impuestas en junio: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha solicitado prisión provisional al considerar que no han cambiado las circunstancias del caso y que no existen riesgos de fuga ni de reiteración delictiva. Durante su comparecencia, Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar y ha asegurado que se encuentra en “situación de indefensión”, a lo que el juez le ha respondido con un seco “esto no es el Congreso”.
UN ENFRENTAMIENTO ABIETO CON SU ABOGADO
La vista se ha desarrollado en un clima tenso. El exministro acudió sin intención de declarar y en pleno conflicto con su abogado, José Aníbal Álvarez, al que había comunicado su renuncia dos días antes por “diferencias irreconciliables”. El letrado defendía que Ábalos debía colaborar con la Fiscalía y renunciar a su escaño, mientras que el exministro rechazaba esa estrategia.
Pese a su petición, el juez Puente no permitió el cambio de defensa y obligó a Álvarez a representarle en la comparecencia, acusando a Ábalos de intentar retrasar el proceso con una maniobra en “fraude de ley”. Durante la sesión, el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, pidió prisión provisional o, como alternativa, una fianza de seiscientos cincuenta mil euros, basándose en un informe de la UCO que detalla el uso por parte de Ábalos de grandes cantidades de dinero en metálico sin justificar.
LLEGADA EN TAXI Y NUEVOS DETALLES DEL SUMARIO
Ábalos ha llegado solo al Tribunal Supremo, en taxi y procedente del Congreso de los Diputados. Su abogado ha comparecido veinte minutos más tarde por orden expresa del juez. Paralelamente, la defensa de Koldo García, su antiguo asesor, ha solicitado la nulidad parcial de la investigación al considerar que se están vulnerando los límites fijados por el Congreso.
Esta es la cuarta vez que Ábalos comparece ante el Supremo. La causa comenzó hace un año por los presuntos amaños de contratos de mascarillas durante la pandemia, adjudicados a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, y se ha ampliado con una nueva pieza sobre comisiones a cambio de contratos públicos.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exministro dispuso de más de 95.000 euros en efectivo sin justificación bancaria. Los investigadores apuntan que Koldo García y su exesposa, Patricia Uriz, gestionaban parte de ese dinero para él, incluyendo pagos como la pensión alimenticia de uno de sus hijos. Los agentes también revelan que el grupo usaba claves en WhatsApp para referirse a los billetes: los de 500 euros eran “chistorras”, los de 200 “soles” y los de 100 “lechugas”.
