Centenares de personas han tomado el centro de Zaragoza la tarde de este miércoles, como culminación de tres semanas de movilizaciones en contra de la concertación de la escuela pública. Lo han hecho a través de una manifestación que ha dado inicio en la Glorieta Sasera, bajo el lema “Dinero Público para la Escuela Pública”.
El frío de la tarde no ha sido suficiente para frenar a los asistentes, de todas las edades, que a través de sus proclamas han querido mostrar su rechazo a “la creciente privatización que el Gobierno de Aragón está realizando en la educación”. Esta se realiza a través de medidas “totalmente innecesarias y que ahondan en el desmantelamiento que este Gobierno de Jorge Azcón esta realizando en la escuela pública”, según han expresado en su manifiesto la Plataforma de la Escuela Pública de Zaragoza, organizadora de los actos.
“MÁS DE 2.000 PLAZAS VACANTES EN BACHILLERATO”
Para Jaled, representante de Fadea, es “vergonzoso el plan de concertación que tienen hacia la escuela pública, hacia la concertación de las escuelas de 0 a 3 años, el bachillerato y las FP”. Ha recriminado que, desde el gobierno, “quieran gastarse millones de euros para los centros concertados y concertar esta educación, mientras que tenemos a compañeros que aún siguen esperando plazas en la FP o que no han conseguido plazas”.
Asimismo, ha subrayado el hecho de que “tenemos 2.000 plazas vacantes de bachillerato en los centros públicos”, por lo que ha considerado su concertación “un gasto innecesario”. Para Jaled, esto demuestra que, “la educación que para nosotros es algo necesario, que debería ser pública, de calidad y gratuita, para ellos es simplemente un negocio”.
Maite Munarriz, de STEA, por su parte ha asegurado que este proceso de concertación no es más que “una privatización encubierta de la enseñanza pública”, destinando 14 millones de euros para subvencionar y concertar el bachillerato, siete por cada curso, lo que supondría “unos 8.000 euros por alumno”.
Esto, ha incidido, cuando “las instalaciones de nuestros centros públicos son más que deficientes, cuando hay colegios que están demandando abrir aulas de 2 a 3 años y se les niega, e incluso se están cerrando aulas, siempre en la red de escuela pública. Es un desmantelamiento encubierto”.
Otra de las problemáticas que están viviendo desde la escuela pública, ha apuntado el presidente de FAPAR, Miguel Ángel Sanz, es la falta de profesorado, que está desencadenando que haya “aulas que no se pueden dar porque no se cubren las bajas en el tiempo debido, auxiliares de educación especial o auxiliares que no se cubren en su momento”. Con ese dinero, ha expresado, que se quiere destinar a la escuela privada concertada, “se podrían cubrir todas esas necesidades que tenemos en la escuela pública”.
LAS PUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN “ESTARÁN SIEMPRE ABIERTAS”
Desde el Gobierno de Aragón han querido hacerse eco de las protestas, manifestando su “respeto a las organizaciones y colectivos que la han impulsado, así como a las personas que han salido a la calle a expresar libremente su opinión”. De esta manera, han incidido en que las puertas del Departamento “han estado, están y seguirán siempre abiertas, en el marco de los contactos que mantiene de forma periódica la Consejería con toda la comunidad educativa”.
No obstante, desde el Departamento de Educación han querido hacer constar que la inversión en educación pública del Gobierno de Aragón actualmente es “la mayor de la historia”, con más de 1.300 millones de euros. Por ello, han considerado que “hacer ver que hay un desmantelamiento del servicio público es una falacia completamente interesada y partidista, como demuestran los datos”.
Estos datos son, han indicado, que “la inversión se ha aumentado en casi 200 millones en apenas dos años, el 84% del presupuesto actual se destina exclusivamente a la red pública, la plantilla de docentes se ha incrementado en más de 3.200 profesionales, se ha duplicado la dotación para inclusión educativa, y se han mejorado las condiciones laborales y salariales de los docentes de la red pública, con un acuerdo histórico por valor de 126 millones hasta 2027, que está haciendo que dejen de ser los peor pagados del país”.
