La importancia de la educación pública radica en que “está pensada para todos y todas, sin distinciones de ningún tipo”, siendo la única garantía “del Derecho Universal a la Educación de la infancia en condiciones de equidad”. Así lo consideran las principales organizaciones defensoras de la Educación Pública de Aragón (Fadea, Fapar, CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, Adiaragón, Aedipa y FABZ), quienes han elaborado un documento con los que consideran “los pilares fundamentales e irrenunciables de una Educación Pública Aragonesa de calidad”.
Dicho documento servirá, ante el proceso electoral, para que “las organizaciones políticas que los compartan y asuman, dejen constancia de su compromiso de ejecución en tanto que tengan capacidad para ello”. Así, El acto de firma del texto con representantes políticos tendrá lugar el martes 3 de febrero a las 17.30 horas en el edificio Rosa Arjó.
MÁS DINERO A LA PÚBLICA, MENOS A LA CONCERTADA
El primero de los puntos que trata el documento es la necesidad de fijar un presupuesto en Educación no “inferior al 4% del PIB a Educación y con compromiso de ejecución de, al menos, el 80% del presupuesto”. Asimismo, las expectativas a futuro van más allá, teniendo como horizonte “aproximarnos a un 7% al acabar la legislatura”.
Otro de los campos de interés para las organizaciones, como ya se ha estado viendo durante los últimos meses, es la “no ampliación de conciertos y revisión de los actuales ni privatización de la Educación”. Esto incluye la no concertación del Bachillerato o la no privatización de la FP y de la Educación Infantil, creando plazas públicas en ambas etapas.
Desde las organizaciones han pedido además que se dote de manera adecuada a las escuelas de recursos humanos y materiales, lo que se traduce en, por ejemplo, revisar y mejorar las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente o incrementar el personal de orientación y de atención a la diversidad. También se ha exigido que se produzca un incremento de la dotación presupuestaria para los centros, un aumento de plantillas de personal de administración, conserjería y limpieza función de la necesidad de los centros y la ampliación y actualización de Bancos de Libros.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Otro ámbito reflejado en este documento es el relativo a la inclusión y atención a la diversidad. Para garantizarlo, han considerado imprescindible que exista Personal especializado (auxiliares de Educación Especial, Técnicos, Fisioterapeutas, personal de enfermería, etc.) en los centros públicos presentes en los centros desde el 1 de septiembre, y que se agilicen los procesos de nuevas incorporaciones y cobertura de bajas.
Asimismo, se plantea la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de espacios, así como la necesidad de garantizar programas educativos según las necesidades de los centros y de crear nuevas plazas públicas de Educación Especial.
Por último, han pedido que se garantice una distribución equilibrada de alumnado ACNEAE entre todos los centros, que se actualicen las becas de comedor, transporte y material curricular y que haya mayor disponibilidad de aulas de español incluidas en el cupo de horas no dependientes de la asunción de programas por parte de los centros.
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y APOYO A CENTROS
En cuanto al Plan de Infraestructuras, el documento recoge la construcción de infraestructuras públicas necesarias, así como que se acaben las infraestructuras públicas en ejecución. También han pedido un Plan anual de remodelación de edificios públicos y que se adecuen los centros al cambio climático desde una perspectiva sostenible, garantizando condiciones óptimas de la calidad del aire en los centros. Han exigido además un Plan de Autoprotección realizado por personal especializado de Protección Civil y de Protección de Riesgos Laborales.
Otro de los puntos del documento trata sobre el apoyo a los centros, pidiendo la “dignificación” y reconocimiento de la función directiva y de la tarea docente, la dotación suficiente de inspección y el aumento de los complementos por cargo.
Asimismo, se ha exigido una mayor atención a la escuela rural, valorando sus particularidades para flexibilizar el acceso a programas y servicios e incentivando a los trabajadores y trabajadoras de la escuela rural para mejorar la estabilidad de plantillas. Además, se ha pedido un transporte escolar más seguro y un mejor mantenimiento de las escuelas rurales atendiendo a criterios de sostenibilidad del territorio y no solo a criterios económicos.
El último punto que incluye el documento tiene que ver los la garantía de servicios complementarios de calidad, como comedores escolares con cocinas in situ y controles de calidad, implementando al mismo tiempo la figura de la coordinación del comedor a cargo de las empresas, o los servicios de conciliación gratuitos para las familias. También han pedido subvenciones para actividades extraescolares al alumnado becado y/o vulnerable y centros abiertos fuera del horario lectivo.
