La DGA defiende que la concertación del Bachillerato cumple la "legalidad" pese a estar en funciones

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la legalidad de la futura concertación del Bachillerato tras las dudas planteadas por la oposición y diferentes sindicatos. El debate se centra en si un Ejecutivo en funciones, con presupuestos prorrogados, puede impulsar una medida que implica compromisos económicos.

Vaquero ha explicado que el anuncio realizado por la consejera de Educación responde a un trabajo previo del Ejecutivo y a un objetivo que ya figuraba en su agenda desde la anterior legislatura. En este sentido, ha señalado que no se trata de una iniciativa nueva y que, si el Gobierno ha dado el paso, es con la “garantía de que cumple con las competencias” de un Gobierno en funciones.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que, por el momento, lo que se ha producido es el anuncio de la concertación del Bachillerato para el curso 2026-2027. A partir de ahí, se abrirá un proceso administrativo que deberá ajustarse a los límites legales y que incluirá distintos plazos para que los centros educativos puedan solicitar su adhesión.

Vaquero ha diferenciado entre el anuncio político y el desarrollo técnico del procedimiento, que se concretará en los próximos meses. “La consejera lo que ha hecho ha sido anunciar la medida para el próximo curso”, ha señalado. También ha recordado que Aragón dejará de tener un Gobierno en funciones a partir del 3 de mayo, lo que permitirá avanzar en la aplicación de la medida. Mientras tanto, el Departamento de Educación atenderá las solicitudes de información y resolverá las dudas que puedan surgir.

Las críticas se han apoyado en interpretaciones jurídicas que consideran que la medida podría vulnerar el artículo 21 de la ley del Gobierno, al implicar compromisos de gasto que no corresponderían a un Ejecutivo en funciones. Ante estas valoraciones, la vicepresidenta ha señalado que el procedimiento se ajustará a la “legalidad” y que el anuncio realizado no constituye en sí mismo un acto administrativo definitivo. “Paralizar un compromiso no lo veo posible”, ha indicado, insistiendo en que ahora se abre un proceso que deberá desarrollarse conforme a la normativa vigente.

El Gobierno de Aragón enmarca la concertación del Bachillerato en la libertad de elección de las familias, al considerar que permitirá acceder a este nivel educativo en centros concertados sin asumir el coste de la enseñanza privada. Vaquero ha indicado que se trata de un proceso que se ha trabajado durante meses, con análisis de plazas disponibles y coordinación con los centros educativos. “Hay mucho trabajo y un expediente muy elaborado”, ha explicado. La orden publicada en el BOA establece un plazo de diez días para que los centros interesados soliciten su incorporación al sistema de conciertos, lo que marca el inicio del desarrollo de la medida.