La preocupación se ha extendido entre las familias del IES Francisco Grande Covián de Zaragoza tras conocer que el profesor que imparte Física y Química en 2º y 4º de la ESO fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Esta noticia ha generado un profundo rechazo entre los padres que consideran “incomprensible” que alguien con una sentencia firme por violencia familiar “trabaje con menores”.
Esto no es la primera vez que sucede, ya que esta situación ya fue denunciada el pasado curso por el AMPA del IES Goya cuando descubrieron los antecedentes de dicho profesor que estaba trabajando como interino en el centro. Se trata de Luis Antonio Irzo, cuya condena era conocida al tratarse de un exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca.
El docente no llegó a ingresar en prisión. El juzgado conmutó la condena por un curso de formación en violencia de género y 510 días de trabajos en beneficio de la comunidad, aunque el profesor eludió finalmente estas medidas al abonar una multa de 1.530 euros.
La noticia fue descubierta por los propios alumnos al inicio de este curso tras buscar el nombre del docente en internet. “A partir de ahí se montó cierto revuelo y contactamos con la plataforma Docentes Decentes, creada el año pasado por familias del IES Goya”, señalan desde el AMPA del Grande Covián.
DOCENTES DECENTES
El colectivo ha decidido adherirse a la iniciativa de Docentes Decentes, que impulsa una reforma legislativa de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para evitar que personas condenadas por maltrato, aunque no tengan antecedentes por delitos sexuales, puedan trabajar en la enseñanza.
El AMPA denuncia un vacío legal: “Si tienes antecedentes por delitos sexuales, no puedes ejercer como docente, pero si has sido condenado por maltrato familiar, sí”. La asociación insiste en que su protesta no va dirigida contra Irzo de forma personal, sino contra el sistema que permite esta situación. “Seguramente haya más casos en otros centros y no nos estemos enterando”, lamentan.
PRÓXIMAS PROTESTAS
Según manifiesta desde el AMPA, la dirección del centro mantiene una buena relación con las familias, aunque ha trasladado que “legalmente se puede hacer poco”. El AMPA planea plantear el caso ante la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón para recibir apoyo y anunciará próximamente acciones de protesta conjuntas con otros colectivos, partidos políticos, sindicatos y federaciones de familias.
