Aragón ha cerrado un total de 39 vías para niños de tres años en centros públicos para este curso, 16 de ellas antes de iniciarse el proceso de escolarización en el mes de abril y 23 en el mes de septiembre. Estas "pueden ser incluso más, teniendo en cuenta las aulas congeladas que no se reconocen como cerradas".
Así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar), integrante de la comisión de Garantías de escolarización de la ciudad de Zaragoza, asegurando ser “conscientes del contexto de bajada demográfica en el que vivimos”, pero considerando que esto “no justifica el número de cierres que se están produciendo y mucho menos que estos se ejecuten exclusivamente en la escuela pública”.
MÁS DE 131 AULAS CERRADAS
Fapar ha hecho públicos los datos de los cinco últimos procesos de escolarización en la ciudad de Zaragoza, en los que se arroja que, desde el curso 201-2022, se han cerrado un total de 131 aulas públicas. Este dato contrasta exponencialmente con el de la escuela concertada, donde solo se han cerrado cuatro aulas en este mismo periodo.
Teniendo en cuenta estos datos, Fapar ha afirmado que “la implantación de la zona única (curso 24-25) y los nuevos criterios de escolarización del actual Gobierno (curso 23-24) evidencian una pérdida exclusiva de vías en centros públicos, que por una parte se ha visto incrementada, sin duda fruto de la desplanificación que supone una zona única de escolarización”.
Cierres que, por otra parte, “se ciñen exclusivamente a centros públicos y no porque no haya aulas vacías en septiembre en centros concertados (el curso 23-24, al menos cuatro; el curso 24-25, al menos una; el curso 25-26, al menos tres), sino porque el Departamento ha decidido que sea la escuela pública la damnificada”. Asimismo, han recordado que no solo no se cierran conciertos, sino que se incrementan, como se ha hecho con el ciclo de Infantil en el centro San Miguel de Casetas”.
UN "ATAQUE FRONTAL" A LA ESCUELA PÚBLICA
Al cierre de aulas, que Fapar ha calificado como “ataque frontal a la escuela pública”, hay que añadir los “problemas en la escolarización fuera de plazo derivados de la normativa de zona única que no permite el cambio si la distancia entre ambos centros no supera los 4 kilómetros”, han apuntado.
Para Fapar, este hecho “aboca a familias a gastos inasumibles en transporte, a absentismo escolar, a problemas de conciliación, a dificultades de escolarización en el paso a secundaria y a desapego del entorno familiar”. Además, han incidido en que “afecta especialmente a alumnado vulnerable, que es el que presenta mayor movilidad de domicilio, y que se escolariza en mayor medida en los centros públicos”.
“La educación es un derecho fundamental que las administraciones deben garantizar a todo el alumnado y el proceso de escolarización no puede ser para unos un derecho de libertad de elección de centro y para otros un mero hecho administrativo en el que garantizar una plaza escolar”, ha concluido Fapar.
