Las familias del Grande Covián exigen durante el 25N la salida de un docente condenado por maltrato
Eliminar cualquier tipo de violencia dentro de las aulas. Este es el objetivo de la concentración impulsada por las familias del IES Francisco Grande Covián de Zaragoza que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La comunidad educativa aragonesa protestará por la presencia de un docente, en el instituto de Las Fuentes, condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos.
Esta noticia generó un profundo rechazo entre los padres que consideran “incomprensible” que alguien con una sentencia firme por violencia familiar “trabaje con menores”. El docente de Física y Química no llegó a ingresar en prisión. El juzgado conmutó la condena por un curso de formación en violencia de género y 510 días de trabajos en beneficio de la comunidad, aunque el profesor eludió finalmente estas medidas al abonar una multa de 1.530 euros.
Así, el próximo martes a las 14.00 horas, el AMPA del IES Grande Covián, el Sindicato de Estudiantes Fadea y la plataforma Docentes Decentes se concentrarán a las puertas del centro educativo (C/ Tomás Higuera, 60) para protestar contra esta situación que se produce en Aragón, bajo el lema “fuera maltratadores de nuestras aulas”.
REFORMA LEGISLATIVA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES
Desde la plataforma Docentes Decentes buscan difundir “esta realidad en pleno siglo XXI”. De hecho, esto no es la primera vez que sucede, ya que esta situación ya fue denunciada el pasado curso por el AMPA del IES Goya cuando descubrieron los antecedentes de dicho profesor que estaba trabajando como interino en el centro.
“Queremos que ninguna administración mire para otro lado para que encuentren una solución de urgencia. No nos oponemos a la reinserción como algunas personas nos comentan o preguntan, pero su lugar de reaprendizaje y de reinserción no está en contacto con menores”, explican en un comunicado.
La plataforma impulsa una reforma legislativa de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para evitar que personas condenadas por maltrato, aunque no tengan antecedentes por delitos sexuales, puedan trabajar en la enseñanza.