CHA, IU-Sumar y Podemos apoyan las jornadas de huelga en defensa de la escuela pública

CGT ha convocado los días 20, 21 y 22 de enero
El sindicato CGT se ha reunido con los tres partidos políticos para conocer sus propuestas respecto a diversos temas educativos

CGT Enseñanza, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, se ha reunido este pasado lunes con Chunta Aragonesista, Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Podemos para recoger las propuestas de estos partidos políticos respecto a diversos temas educativos. Además, las tres organizaciones políticas han expresado su apoyo a las jornadas de huelga que CGT ha convocado los días 20, 21 y 22 de enero, y a la manifestación que el 22 por la tarde se realizará en la capital aragonesa.

La primera cuestión que se ha planteado es la "precaria" situación del sector de protección y reforma en Aragón, tanto del servicio como de sus trabajadores, los cuales llevan años luchando por un convenio autonómico que dignifique sus condiciones laborales y el servicio.

Las tres organizaciones se han mostrado sensibles a la situación del sector, apostando por “la necesidad de poner fin a la precarización a través de la mejora de las condiciones laborales y de la estabilización de la plantilla, sea favoreciendo desde la administración un convenio autonómico, sea internalizando el servicio”.

Posteriormente, se ha pasado a tratar la situación de la enseñanza pública aragonesa, la cual ha llevado a la convocatoria de una huelga de 3 días, 20, 21 y 22 de enero, por parte de CGT, y a la que las tres organizaciones han mostrado su apoyo, así como a la manifestación convocada la tarde del 22 de enero en Zaragoza.

Desde los tres partidos políticos se han propuesto destinos en la escuela pública, para los más de 20 millones de euros que el gobierno actual de Azcón quiere "malgastar en privatizar la enseñanza", destacando propuestas de reducción de ratios, de aumento del personal docente (especialmente de atención a la diversidad) y no docente, de mejoras de la climatización de los centros, el aumento y pago efectivo de los gastos de funcionamiento de centros, o la construcción generalizada de cocinas in situ.

Por otra parte los representantes de CGT han señalado que una parte muy importante del problema educativo en Aragón es la infradotación presupuestaria, destinándose actualmente a educación el 3,65% del PIB aragonés, muy lejos de la media estatal, 4,6%, y más todavía del 6% que sería conveniente. Las tres formaciones se han mostrado dispuestas en trabajar para que ese porcentaje se iguale al menos a la media estatal y con el tiempo se acerque a ese objetivo más ambicioso de un 6 o 7%.

Respecto a los ataques que hacia la escuela pública que, desde el actual Gobierno de Aragón, se están realizando mediante el aumento de los conciertos educativos y del cierre de aulas públicas, tanto CHA, como IU-Movimiento Sumar y como Podemos, se han mostrado partidarios de “planificar los procesos de matriculación para que revertir esa tendencia de cierre de aulas públicas y aumento de la privatización”, así como de ejercer un control exhaustivo sobre el cumplimiento de los requisitos para el concierto en los centros privados de enseñanza.

También se ha mostrado preocupación por los problemas que está generando la dualización de la Formación Profesional y su falta de financiación, “la formación profesional afortunadamente ha crecido mucho en los últimos años, pero se ha favorecido que lo hiciera en centros privados especialmente”. En este tema se apuesta por una mejor planificación desde la administración y de dotar de más recursos para afrontar los retos de la FP.

Por último, Podemos, IU-Movimiento Sumar y CHA se han mostrado críticos con el modelo de subvención pública a empresas infantiles privadas que el actual gobierno del PP ha anunciado para financiar la escolarización de niños y niñas de 2 años.

Este modelo por una parte es un trasvase de dinero público a empresas privadas, algunas de las cuales ni cumplen los requisitos para funcionar como escuela infantil, y por otra es insuficiente para sufragar las necesidades de conciliación de las familias, que tendrán que ser las que abonen la diferencia. Desde las tres organizaciones se han mostrado partidarios de la gratuidad real del primer ciclo de infantil, de aumentar los permisos para que las criaturas sean cuidadas por sus progenitores los máximos meses posibles, y de que todas las plazas que se necesiten sean ofrecidas ampliando la oferta pública, sea de la DGA o de los respectivos ayuntamientos.