ANPE exige la retirada de las instrucciones sobre atención sanitaria en centros docentes
Zaragoza.- El sindicato ANPE ha exigido la retirada de la resolución, publicada el 24 de junio en el BOA, en la que se detallan las “instrucciones relativas a la organización y funcionamiento de la atención sanitaria no titulada en centros docentes”. Considera que se pretende que los profesores sean “los encargados de administrar la medicación y tratamiento a los alumnos”.
La defensora del profesor de ANPE, Teresa Hernández, estima que “esta medida puede ocasionar muchos problemas. Del mismo modo que un padre no entendería que a su hijo le impartiera clase alguien que no tiene la titulación necesaria, no se puede permitir que el tratamiento de un niño con alguna patología crónica, lo administre alguien que no está capacitado para ello”.
El sindicato asegura que “no sólo se trata de los problemas que pueden derivar a la hora de administrar la medicación, que son muchos, y que, además, pueden tener consecuencias legales en cuanto a la competencia y a las responsabilidades que puede acarrear la mala praxis debida a la inexperiencia o al desconocimiento” sino que también afectará a la organización de las clases”. “En invierno es lógico que haya un alto porcentaje de alumnos tomando medicación por catarros o infecciones, medicamentos, que como los antibióticos tienen un horario de tomas muy pautado, no entendemos cómo se propone que el profesor se vea obligado a interrumpir la clase cada vez que haya que dar el medicamento a cada niño”.
En lo relativo a la administración de medicamentos, la instrucción tres “es muy clara” al indicar textualmente que “se necesitan dos profesionales, de modo que uno realice el procedimiento y el otro confirme que el medicamento y las dosis son correctas”, y, propone que uno de ellos sea el tutor. “Así que tenemos a dos profesores dando medicina a un niño, y mientras, ¿Qué ocurre con las clases de las que ellos son responsables?”, se pregunta Hernández.
Para Anpe estas instrucciones son “un despropósito”, por lo que exige a la consejera de Educación su retirada y le pide que abra un periodo de consultas para elaborar unas instrucciones con la suficiente seguridad jurídica, en las que cada profesional atienda sus respectivos ámbitos. “Creemos que hay medios para llegar a una solución adecuada, soluciones a la que han llegado países como Francia, o incluso comunidades como Cantabria, allí es un personal técnico cualificado el que se encarga de administrar los medicamentos o las actuaciones terapéuticas”.