Utilicen el Estatuto

Este miércoles se celebra una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cita que permitirá a la Comunidad conocer las reglas del juego para el próximo ejercicio y que permitirá poner encima de la mesa las reivindicaciones de Aragón. La DGA tiene previsto defender allí, entre otras medidas, un cambio de la financiación autonómica, que se anticipe dos años la liquidación de la participación en los ingresos del Estado y que se adelante la liquidación de los fondos de convergencia autonómica.

Este miércoles se celebra una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cita que permitirá a la Comunidad conocer las reglas del juego para el próximo ejercicio y que permitirá poner encima de la mesa las reivindicaciones de Aragón. La DGA tiene previsto defender allí, entre otras medidas, un cambio de la financiación autonómica, que se anticipe dos años la liquidación de la participación en los ingresos del Estado y que se adelante la liquidación de los fondos de convergencia autonómica.

Pretensiones todas ellas legítimas pero que se encontrarán enfrente a un muro llamado Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda del Gobierno de España. Un dirigente del PP que es firme defensor del cumplimiento del déficit y de la senda de la estabilidad presupuestaria, dos preceptos de austeridad que han causado un importante daño a la sociedad y al tejido productivo de la Comunidad.

Pero si la austeridad ha dañado a Aragón también lo puede hacer el nuevo sistema impositivo que pretende desarrollar el Ejecutivo autonómico. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ya ha avisado de que mientras haya déficit no se bajarán los impuestos en la Comunidad y que la intención es mantener la presión fiscal existente, incrementando el esfuerzo que tienen que hacer las rentas más altas.

Para mantener el actual Estado del bienestar se hace necesario financiarlo, algo que solo se consigue mediante un incremento de los ingresos que percibe la Comunidad. Por ello, el actual Ejecutivo no debería mirar hacia los maltrechos contribuyentes y sus bolsillos sino hacia el Gobierno central. Debería combinarse una bajada de los gravámenes a los ciudadanos con un incremento de los recursos procedentes del Estado. 

Para lograr que el Gobierno central ceda a estas pretensiones, o al menos intentarlo, el arma no debe ser otra que el Estatuto. Esa norma que la Comunidad se ha dado y cuyo desarrollo lleva años estancado de manera incomprensible. Es hora de desempolvarlo y, con el consenso de todas las fuerzas, hacer valer lo que en su día fue aprobado.

Por ejemplo, es hora de hacer valer el artículo 107 en su punto cinco, que establece que para determinar la financiación que dentro del sistema corresponde a la Comunidad se atenderá al esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales. También es necesario desempolvar el siguiente artículo, el 108, donde se habla de suscribir un acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado, o el 109 en el que se establece una comisión mixta de asuntos económico-financieros en materia de financiación autonómica específica de la Comunidad.

Estos tres artículos son ejemplos perfectos de que en esta norma básica se pueden encontrar soluciones al acuciante problema de financiación de la Comunidad. Es hora de desarrollar el Estatuto y ejecutar lo que la Cámara autonómica y las Cortes Generales aprobaron hace ya más de ocho años.