El Gobierno de Aragón ha anunciado que en septiembre se tendrá que aprobar una modificación presupuestaria de unos 211 millones de euros “como mínimo”. La razón es que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado un desfase de unos 800 millones de euros. De estos, la gran mayoría, 593 millones, pertenecen a las consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, mientras que el resto, 150 millones, son ingresos que no se van a recibir.
Esta modificación se realiza para atender los gastos sociales y de personal. Algo que contará, previsiblemente, con el apoyo de las formaciones políticas que sustentaron al nuevo Gobierno. Las políticas sociales, como el pago del IAI y las ayudas de la dependencia, y las nóminas de los funcionarios deben ser temas prioritarios para cualquier administración.
Todavía no se sabe de qué departamentos se quitarán estos más de 200 millones, pero lo que sí que está claro es que todos los consejeros tendrán retenciones de gasto. Cualquier esfuerzo es bienvenido para poder sacar adelante la sociedad aragonesa. Los datos macroeconómicos están siendo favorables, pero los posos que ha dejado la crisis tardarán años en desaparecer y los ciudadanos son los más afectados.
El equipo de gobierno ha llegado al Pignatelli con ganas de subsanar todos los recortes en temas sociales que, aseguran, hicieron sus antecesores. Sin embargo, no tienen que olvidar que para reactivar la economía también hacen falta inversiones y tampoco pueden dejar de lado la necesidad de infraestructuras acordes con una Comunidad competitiva. La modificación presupuestaria arreglará un poco la situación, pero se debe seguir trabajando para que Aragón sea un territorio líder.