La dependencia de la crisis

Inmersos en un periodo de crisis en el que las prestaciones del Estado de Bienestar sufren en Europa los azotes de la tijera presupuestaria, la Ley de la Dependencia se erige como garante de aquellas personas más vulnerables. Desde que se aprobó la norma en 2007, solo en Aragón 70.664 personas han solicitado acogerse a este derecho. No se puede olvidar, además, a los familiares que deben cuidar a los dependientes.

Por eso, es alentador escuchar a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, asegurar que el año que viene estas prestaciones aumentarán. El presupuesto para este ejercicio ha sido de 84,7 millones de euros, una cifra que, según el propio Ejecutivo aragonés, se ha quedado corta en 28 millones de euros.

La realidad demuestra que esa falta de presupuesto ha dejado en la Comunidad a 34.422 personas sin recibir la prestación a pesar de ser beneficiarias de ella. Cifra que irresponsablemente elevó el Gobierno de Marcelino Iglesias en el mes de marzo aumentando las altas sin dejar partida para atenderlas. 

Otro de los beneficios de este derecho ha sido la inclusión de nuevos afiliados a la Seguridad Social, ya que 3.755 familiares que se dedicaban a la atención de estas personas han sido reconocidos como cuidadores no profesionales en Aragón.

Más allá de las cifras no se debe obviar el día a día de todas estas personas y familias. Ciudadanos que dependen de esta ley para poder encarar su vida con menos trabas. Por eso, la sociedad debe exigir a los poderes públicos el compromiso necesario para que una crisis económica no entorpezca el objetivo fundamental de la norma: fomentar la autonomía personal de los dependientes con medios reales.