El Gobierno de Zaragoza ha rechazado pagar los despidos de la concesionaria de autobuses urbanos Auzsa con dinero público y ha abierto un expediente para revisar la liquidación de la anterior contrata. La cantidad de estas indemnizaciones asciende a dos millones de euros, una cifra acordada por el anterior Gobierno socialista con la adjudicataria en pleno periodo electoral y que ha levantado las iras del resto de grupos municipales.
Zaragoza en Común ha denunciado que aprobaron pagar esta cifra 72 horas antes de que tomara posesión el nuevo alcalde, Pedro Santisteve. Todos los partidos han coincidido en que es indignante y desleal dar el visto bueno a una partida millonaria tres días antes de dejar las responsabilidades de gobierno en la ciudad. Y más cuando el cambio de concesionaria tuvo lugar el 1 de agosto de 2013.
Sin embargo, Zaragoza en Común y sus integrantes de Izquierda Unida no pueden llevarse las manos a la cabeza tras haber mirado hacia otro lado durante los últimos cuatro años de gobierno del PSOE en la capital aragonesa. La gestión en movilidad se ha traducido en peores servicios, más caros, sentencias sin pagar, deudas con las contratas e intereses de demora, entre otras consecuencias negativas.
El área de Servicios Públicos y Personal tendrá que buscar soluciones para impedir el pago de los despidos con dinero público y ser más rigurosos con las diferentes contratas, abonando exclusivamente los conceptos que se ajusten al servicio prestado y a la legalidad. Su labor tiene que consistir prioritariamente en impulsar proyectos que mejoren la ciudad y que situaciones como ésta no se conviertan en la excusa perfecta para subir los impuestos a los zaragozanos.