El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) da la razón al Gobierno de Aragón y tumba la normativa promulgada por el Ministerio de Agricultura que, en aras de fortalecer el bienestar animal, pretendía ampliar la superficie mínima exigida por cerdo en las granjas. Era una petición de Europa, muy criticada por el Ejecutivo aragonés, y que ahora el Alto Tribunal la deshecha al anular la modificación del Real Decreto 159/2023 por “carecer de memoria económica suficiente”.
Con esta resolución, vuelve a aplicarse el Real Decreto 1135/2002, lo que evita a los ganaderos aragoneses asumir inversiones que voces del sector calificaban de “inasumibles” y que podían comprometer la continuidad de numerosas explotaciones dentro de un sector vital para la economía de la región.
“El Supremo confirma lo que veníamos defendiendo: las normas deben hacerse con datos, con análisis económico serio y escuchando a quienes están en el terreno”, ha afirmado el consejero de Agricultura, Javier Rincón, quien ha resumido la posición del Ejecutivo con una frase con mucho significado: “Con las cosas del comer no se juega”, ha dicho.
VICTORIA PARCIAL
La sentencia encaja en el tira y afloja entre el Ejecutivo central y el autonómico. Ya en el pasado mes de marzo, durante la inauguración de FIGAN en Feria Zaragoza, y con el ministro del ramo (Luis Planas) presente, el presidente Jorge Azcón expresó de forma pública y sin rodeos su rechazo a la nueva orientación del Ministerio y a la presión europea en materia de bienestar animal.
“Las políticas europeas tienen que cambiar. Son un disparate y perjudican a nuestra ganadería”, defendió entonces el jefe en la DGA, recordando que fue la presión de las comunidades autónomas la que forzó la moratoria que quedó vigente hasta marzo de 2026. “Las reglas del juego no pueden cambiarse a mitad de partido”, insistió, apelando a compatibilizar el respeto ambiental con la viabilidad económica de quien cría animales.
Planas, por su parte, replicó defendiendo que el bienestar animal “no solo es el presente, sino el futuro del sector” y subrayó que la normativa fue consensuada con las organizaciones agrarias: “Han llegado para quedarse”, apuntaló por aquel entonces.
UN SECTOR CLAVE PARA ARAGÓN
Aragón es el primer productor de porcino de España, con más de 15 millones de cabezas anuales, y una capacidad exportadora que rozó los 2.200 millones de euros en 2024, un 25,7% del total nacional. Por ello, desde el departamento de Agricultura en la región, se insiste en que cualquier cambio regulatorio sin memoria económica “pone en riesgo la estabilidad de un sector estratégico para el medio rural, el empleo y la soberanía alimentaria”. El aumento de superficie por animal habría obligado a recortar censos, ampliar instalaciones o asumir inversiones millonarias, lo que habría afectado especialmente a explotaciones familiares.
