Zaragoza.- De los alrededor de 102.000 funcionarios y empleados públicos que existen en la actualidad en Aragón más de 80.000 están llamados a secundar los paros convocados para este martes para mostrar su rechazo al plan de ajuste promulgado por el Gobierno central para atajar el déficit del Estado.
La oposición de los trabajadores del sector público se debe a que entre las medidas que recoge este plan se incluye la reducción de un 5% de los salarios.
Durante toda la jornada del martes habrá concentraciones ante las principales sedes de la Administración. Además, a las 20.00 horas habrá manifestaciones en Zaragoza y Teruel así como una concentración en Alcañiz. Por otra parte, la marcha convocada por los sindicatos en Huesca se celebrará a las 19.00 horas.
Además, según ha explicado el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Aragón, Julián Lóriz, estos ajustes también van afectan a unos 4.000 personas en el sector de la enseñanza concertada y otros 2.000 empleados de las mutuas de seguros.
Sin embargo, tal y como ha indicado Lóriz, no podrán ir a la huelga ya que hasta este lunes no se ha conocido que el anteproyecto de medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Gobierno también les perjudicaba y no han podido convocar a tiempo los paros.
Según ha manifestado Lóriz al iniciado de la rueda prensa que ha protagonizado junto al secretario general de CCOO en la Comunidad, Julián Buey, “el plan de ajuste es socialmente injusto, contraproducente para la creación de empleo, carga contra las rentas medias y bajas, retrasa la recuperación de la economía y renuncia a un reparto equitativo a través de los ingresos fiscales”.
Además, el máximo responsable de la UGT en Aragón ha destacado la necesidad de alcanzar un acuerdo para la reforma del mercado laboral y ha mostrado la voluntad de los sindicatos para “dialogar hasta el final para conseguirlo, aunque si es impuesto, decretado y lesivo para los trabajadores la huelga general ya está convocada y será respaldada”.
Sin embargo, si la reforma se llevase a cabo mediante decreto, tal y como ya ha anunciado el Gobierno central si no se alcanzan acuerdos entre sindicatos y patronal, las centrales obreras han anunciado que responderán. “El FMI, la OCDE, los sistemas financieros, los hechiceros de la tribu, dicen ahora que es necesaria la reforma pero, desde la contaminación del plan de ajuste, si se impone responderemos con una huelga general”.
Lóriz se ha mostrado “muy pesimista” sobre la posibilidad de acuerdo entre las partes porque “hay una posición de desequilibrio desde el momento que se presentó el plan de ajuste sin diálogo” y ha añadido que “la patronal ha pedido una reforma suficiente para quien nos observa, entendemos que los mercados, lo que supone favorecer el despido libre, barato y sin control”.
Los dos sindicatos mayoritarios en Aragón también han aprovechado la rueda de prensa para presentar medidas alternativas al plan de ajuste, tales como recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; crear nuevas vías impositivas; endurecer el tratamiento fiscal del capital; rediseñar la imposición de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV); combatir la economía sumergida, que en España ronda el 25%; aumentar el IVA a los bienes de lujo; crear una tasa específica al sector financiero y establecer un impuesto a transacciones financieras internacionales.
La postura de CCOO
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Aragón (CCOO), Julián Buey, ha aseverado que antes “se hablaba de que en estos momentos de crisis la política tenía que embridar a las acciones salvajes del mercado, y ahora es el mercado el que embrida a la política con medidas asombrosas: sanear a costa de los más débiles de la sociedad”.
Buey ha recordado que en España el peso del sector público es “de los más bajos de Europa, con el 14,7% de trabajadores del total”, y ha cargado contra aquellos que están haciendo “una caricatura absolutamente interesada” de los funcionarios.
Sobre el resto de medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno de España, el secretario de CCOO las ha calificado de “muy cobardes”: “congelar las pensiones unilateralmente; meter la mano en el bolsillo de las personas con dependencia robándoles la retroactividad o eliminar el cheque bebé; retraer 6.000 millones de euros de la economía va a poner en la picota a las Pymes y en riesgo de desempleo a miles de trabajadores”, ha manifestado.
Respecto a la reforma laboral, Buey ha manifestado que ésta “esconde la pretensión de abaratar el despido y flexibilizar el mercado” y ha añadido que “no pueden esconder detrás de la palabra modernidad unas medidas del siglo XIX”.
