Horeca Zaragoza, en contra del nuevo registro de viajeros: “Los clientes pueden sentirse incómodos”
Este lunes entró en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021, que obliga a los hoteles y agencias de viajes a establecer un registro de viajeros, los cuales deberán aportar información desde el nombre y el apellido hasta la residencia habitual y la relación de parentesco con los acompañantes. Una medida que ha provocado el enfado del sector turístico, que se ha pronunciado en contra. Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (Cehat) han anunciado acciones legales debido a la “falta de respuestas por parte del Gobierno” (ya que los datos recopilados son para el Ministerio del Interior) y el “impacto negativo de esta normativa”.
Concretamente, los datos que deben aportar los viajeros son nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia habitual, teléfono, correo electrónico, numero de personas con las que se viaja y la relación de parentesco además de los datos de la transacción. Para Cehat los clientes deben “enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento” y los hoteleros “se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago”.
Desde Horeca Hoteles Zaragoza y provincia se han sumado a la Confederación al considerar que el nuevo procedimiento “vulnera la intimidad de los clientes, retrasa el proceso de registro y puede tener consecuencias en la competitividad del sector”. “Nosotros no queremos saber nada de la intimidad de las personas y creemos que los clientes pueden sentirse incómodos”, ha señalado su presidente, Antonio Presencio. Además, ha criticado el aumento en los datos a solicitar, que pasa de los 12/14 que realizaban hasta ahora a los 42 que obliga el Decreto. “Si hay personas que se niegan corremos peligro de no poder cumplimentarlo”, ha indicado, teniendo en cuenta las sanciones de hasta 30.000 euros.
Como solución, Presencio ha demandado el desarrollo de una “herramienta tecnológica sencilla” que permita escanear el lector digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) y que esos datos se vuelquen en una plataforma del Ministerio del Interior, que deberá sufragar el dispositivo. “Nosotros siempre hemos colaborado en dar esos datos y gracias a eso se han hecho muchas operaciones en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado. Hemos sido una simple herramienta, no nos oponemos a hacerlo, pero sí queremos que sea más simple”, ha señalado.
Desde Cehat aseguran que están trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de “impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas”. Por otro lado, la patronal considera que estas acciones “son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos”.