El Gobierno lanza un proceso para cubrir 1.004 plazas de jueces y fiscales
El Gobierno de España ha dado un paso clave para reducir la temporalidad en la Justicia española. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este jueves la convocatoria extraordinaria de 1.004 plazas para jueces y fiscales sustitutos. Esta medida, incluida en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se ejecutará por concurso-oposición en un plazo máximo de dos meses tras la entrada en vigor de la ley.
Durante la inauguración de la jornada “La reforma de la carrera judicial y fiscal: las nuevas propuestas” celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Bolaños ha desgranado los detalles de una iniciativa que contempla 673 plazas para jueces y 331 para fiscales, dentro de una reforma de gran calado orientada a estabilizar el empleo en el sector judicial y cumplir con los estándares de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada.
Uno de los pilares de este plan es el blindaje legal de las becas SERÉ para opositores, que tendrán una cuantía mínima igual al salario mínimo interprofesional y una duración de hasta cuatro años, fomentando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal.
MODERNIZACIÓN Y MÁS TRANSPARENCIA
La reforma también otorga al Centro de Estudios Jurídicos un nuevo papel como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, especialmente pensada para quienes residen fuera de grandes ciudades o no tienen recursos suficientes para acceder a una formación privada.
El modelo de selección será completamente renovado. Se incluirá una prueba escrita anonimizada para evaluar el razonamiento jurídico, y se grabarán íntegramente los exámenes orales, lo que aportará garantías adicionales de objetividad y transparencia.
Entre las nuevas medidas destaca la regulación de los preparadores de opositores y la prohibición de financiación privada para asociaciones judiciales, en un intento de incrementar la equidad y minimizar influencias externas.