Zaragoza.- Problemas con la facturación y con el cambio de compañía, en telefonía y servicios de Internet. Falta de avales y seguros por la entrada y problemas en la edificación, acerca de la vivienda. Comisiones abusivas y ausencia de contratos, en servicios de banca y seguros. Estos son, según explica el director general de Consumo del Gobierno de Aragón, Ángel Luis Monge, los problemas más habituales que afectan a los consumidores aragoneses y que supusieron la mitad de todas las consultas llegadas a Consumo a lo largo del año pasado.
Una cifra que alcanza, según los datos de que dispone el Ejecutivo, las 107.891, o lo que es lo mismo, un 8,3% más de las que se registraron en 2004. El Gobierno de Aragón viene gestionando año tras año un número cada vez mayor de solicitudes de información interpuestas por ciudadanos aragoneses, debido a irregularidades o ausencias en la prestación de servicios o en la adquisición de productos. De todas estas consultas, el 75% son consultas, el 20% serían quejas y reclamaciones, y el porcentaje restante, un total de 2.552, se convirtieron finalmente en denuncias con solicitud de expediente sancionador.
Explica Ángel Monge que “el 80% de estas actuaciones” tienen que ver con solicitudes de información general, problemas en la prestación de servicio o incumplimientos del contrato. Fenómenos que, según el director de Consumo, están copados por los sectores de las telecomunicaciones, la vivienda y la banca. “La mitad de las solicitudes registradas se refiere a estos tres sectores” lo que ha obligado al Gobierno de Aragón a establecer convenios para especializar a tres asociaciones de consumidores en cada una de estas tres materias.
En este sentido, recuerda la consejera de Salud y Consumo, Luisa Noeno, que la Unión de Consumidores de Aragón está especializada en materia de vivienda, con personal asesor y una guía para los ciudadanos; la Asociación Torre Ramona se ocupa de temas relacionados con las telecomunicaciones, y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón tiene información acerca de servicios bancarios, con un decálogo de derechos y modelos de impresos.
Junta Arbitral de Consumo
Sea como sea, la consejera Noeno recuerda la existencia de la Junta Arbitral de Consumo, capaz de solucionar “en cuatro meses” conflictos, eso sí, que afecten a empresas adheridas a este órgano de mediación. “El aragonés sabe que con este sistema puede solucionar sus problemas”, recuerda Ángel Monge, que cifra en un “85%” el porcentaje de reclamaciones “en las que se da la razón al ciudadano”. En 2005 se tramitaron 1.782 reclamaciones, un 50% más que en 2004 –“incremento muy notable”- de las que el 66% correspondieron a telecomunicaciones.
Se resolvieron 1.103 expedientes, la mayoría, como queda dicho, a favor del usuario, con compensación del servicio irregular o incluso “mediación”, esto es, acuerdo entre las partes. Al otro lado, desde Consumo iniciaron trámites para incoar 3.205 denuncias, parte de ellas derivadas de requerimientos ciudadanos, otra parte debida a la actividad inspectora de los técnicos del Gobierno aragonés. De estas denuncias, el 86%, según Ángel Monge, se refieren a servicios, y el resto a productos industriales y etiquetado en productos alimentarios.
En total, la Dirección General de Consumo realizó en 2005 un total de 19.195 inspecciones a empresas, el 91% negativas, esto es, “no hubo motivo para sancionar a la empresa”, según Ángel Monge. La mayor parte de las inspecciones se llevaron a cabo sobre industrias. Estas inspecciones derivaron en 230 expedientes incoados, que provinieron de 1.216 actas positivas.
Ley de Consumo
Ángel Monge ha reclamado “información” como clave para seguir luchando contra los fraudes en consumo, la información relativa a que “tenemos una normativa de consumo cada vez más ajustada a los derechos de los consumidores, y capaz de sancionar conductas contrarias a la legalidad. Aún así, ha referido el director de Consumo la llegada de la próxima Ley autonómica de Consumo, que incluye novedades que podrán cambiar las estadísticas de las demandas de información ciudadana.
Explica Monge que esta futura ley permitirá la “restitución en paralelo”, esto es, la compensación económica al ciudadano estafado aunque remita denuncia. Hasta ahora, las denuncias implicaban un “expediente sancionador” que terminaba, en su caso, con una multa a la empresa de la cual no iba a parar nada al denunciante. Por eso los ciudadanos, explica Monge, apuntan más hacia la reclamación, para poder obtener una restitución económica. Con la futura ley, ambos procedimientos permitirán compensaciones, aparte de los expedientes que lleve a cabo la Administración.
El Departamento de Salud y Consumo ha preparado 3,1 millones de euros para Consumo dentro del Presupuesto de la Comunidad en 2006. En 2005 se presupuestaron 2,8 millones, con los que “se ha completado”, explica Luisa Noeno la red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) en todos los municipios aragoneses de más de 5.000 habitantes. Asimismo, se siguen creando oficinas comarcales, la última de ellas en Los Monegros.
