Con la vuelta al cole y el reinicio del curso político, los sindicatos también marcan ya su hoja de ruta. CCOO y UGT Aragón, que se han reunido este lunes, arrancan con la exigencia clara de que se debata en el Congreso el anteproyecto de ley que rebajará la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Ambas han denunciado que la patronal “se ha negado a negociar desde el primer momento” y han advertido de que tumbar la norma sin debate sería “un fraude democrático”. Para visibilizar su postura, han convocado concentraciones este miércoles a las 17:30 horas en Zaragoza, Huesca y Teruel frente a las sedes de la CEOE.
“El miércoles no se debate cómo se aplica la reducción de jornada, sino que no se debata. Creemos que es una degradación democrática”, ha sostenido el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, tras la reunión mantenida en la sede de UGT en Zaragoza. A su juicio, lo que está en juego es un “choque de legitimidades”.
“Los sindicatos también tenemos legitimidad democrática porque a nosotros se nos elige en las empresas. Lo que les pedimos a los partidos no es que apoyen el proyecto tal cual, sino que lo debatan, que aporten medidas”, ha reivindicado, recordando que la reducción de jornada es “una demanda histórica del sindicalismo desde hace 200 años”.
El secretario general de CCOO también ha acusado a la patronal de dinamitar el diálogo y ha advertido de que la presión sindical no se detendrá aunque el Congreso tumbe la norma. “Si alguien piensa que nos vamos a cansar, se equivoca. Seguiremos reivindicando la reducción de jornada y denunciaremos lo que consideramos un fraude democrático”.
SINIESTRALIDAD LABORAL
El dirigente sindical ha aprovechado también para volver a denunciar el repunte de la siniestralidad laboral en Aragón. “Esto no lo podemos achacar a la mala suerte. No puede ser que en el año 2025 siga habiendo gente que se suba a un tejado sin estar sujeta a realizar cualquier tipo de trabajo. Este verano hemos visto cómo de nuevo ha habido gente que ha perdido la vida por situaciones perfectamente evitables”, ha lamentado.
En este sentido, ha recordado que son las empresas quienes deben garantizar la seguridad. “Las empresas son las que tienen la responsabilidad de la vigilancia de la prevención de riesgos. Alguien tiene que vigilar que se cumpla la prevención”, ha sostenido.
PRESUPUESTOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Otro de los puntos abordados en la reunión de esta mañana entre ambas centrales sindicales ha sido la importancia de aprobar los presupuestos autonómicos para desarrollar políticas de empleo y protección social. “El diálogo social también depende de los presupuestos. En esta comunidad autónoma, el año pasado no hubo presupuestos y nos gustaría participar en la elaboración de los mismos. Muchas de las medidas que nosotros tenemos que realizar, durante el año, dependen de esas partidas presupuestarias”, ha recogido Pina.
