Aragón garantiza 700 euros mensuales en ayudas sociales con el nuevo Decreto Ley
El pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado este jueves el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de prestaciones económicas y subvenciones sociales para 2025. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha sido la encargada de exponer los detalles de la norma, cuyo propósito es asegurar la continuidad de las prestaciones sociales y permitir la concesión directa de subvenciones clave para atender a colectivos vulnerables en todo el territorio aragonés.
Según ha explicado Susín, el decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, y responde al mandato de proteger a las personas más vulnerables, mantener en funcionamiento los servicios esenciales y actuar con agilidad cuando las circunstancias lo exigen.
CUANTÍA MÍNIMA GARANTIZADA
El texto establece una cuantía mínima garantizada de 700 euros mensuales tanto para la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) como para los complementos a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Esta actualización supone una subida del 12,72% respecto a la cuantía anterior, de 621 a 700 euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, y responde a la necesidad de salvaguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de prórroga presupuestaria.
El decreto también autoriza la concesión directa de ayudas por valor de casi 7 millones de euros a entidades sociales con una trayectoria consolidada en la atención a colectivos especialmente vulnerables.
Estas subvenciones permitirán dar continuidad a programas como los de bancos de alimentos, atención a personas con discapacidad o dependencia, apoyo a familias monoparentales y numerosas, y ayuda a menores en situación de riesgo, personas sin hogar o con problemas de salud mental y adicciones, entre otros.
Tal como ha detallado Susín, la mayoría de estas ayudas ya estaban recogidas en el Anexo IV de la Ley de Presupuestos de 2024, pero la prórroga presupuestaria ha impedido su tramitación ordinaria. Por ello, este Decreto Ley evita que se paralicen proyectos fundamentales para miles de aragoneses.
Desde el Gobierno de Aragón han subrayado que la norma ha sido concebida como “una respuesta urgente, proporcional y legalmente fundamentada” para atender situaciones de especial necesidad “en un contexto inflacionario e inestable, que además se ve agravado por conflictos geopolíticos que afectan de forma directa a la renta de los hogares más desfavorecidos”, ha dicho Carmen Susín.
Desde el 1 de enero hasta el 7 de abril de 2025, un total de 4.470 personas reciben la PACIMV, en sus dos modalidades y otras 7.150 son titulares de pensiones no contributivas.
La evolución de esta prestación ha sido ascendente desde su creación: en 2022 la cuantía mínima era de 540 euros; en 2023 aumentó un 8,52% hasta los 586 euros; en 2024 subió un 5,97% hasta los 621 euros, y este año ha experimentado una subida del 12,72%, alcanzando los 700 euros.
El coste total de este incremento asciende a 490.815,29 euros. De ellos, 313.949,09 euros corresponden al gasto de las prestaciones aragonesas complementarias y los complementos del IMV, mientras que el aumento vinculado a las pensiones no contributivas representa 176.866,20 euros, calculado a partir del gasto ejecutado en 2024, 1.390.348,21 euros.
La actualización incluye el IPC interanual de diciembre de 2024 (2,8%) y supera el aumento del 9% recogido en el Real Decreto-Ley 1/2025, de 28 de enero, aplicado a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, incluido el propio IMV.