Los gobiernos de Aragón y España celebrarán una Comisión Bilateral para solventar las discrepancias y los posibles visos de inconstitucionalidad en hasta 24 artículos de la Ley de Energía, aprobada a finales del año pasado con los votos favorables de PP, PSOE y el PAR. Según ha explicado este martes la portavoz de la DGA, Mar Vaquero, los principales puntos a abordar son el alcance de la regulación autonómica de las instalaciones de autoconsumo, las denominadas “líneas directas”, las mancomunidades y las competencias de la Comunidad para incorporar las directivas europeas en su normativa.
El acento está puesto en el autoconsumo. A juicio de la vicepresidenta “es una de las máximas ventajas de la utilización del potencial energético” de Aragón y el espíritu de la norma ahonda precisamente en potenciar esas modalidades de cercanía. También se abordarán entre el Ejecutivo aragonés y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dirigido por Sara Aagesen, las declaraciones de utilidad pública e interés general de los proyectos, las redes de distribución, los incentivos a las comunidades energéticas o las condiciones de acceso a la red.
Según Vaquero, hay motivos de discrepancia “que ya se manifestaron con el decreto-ley anterior”, presentado por el Gobierno de Javier Lambán y elevado posteriormente al Tribunal Constitucional, el escenario que se busca evitar ahora. Los plazos, conforme al artículo 33.2 de la Ley del TC, daban al Ejecutivo Central la potestad de interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad en los tres meses posteriores al inicio de la aplicación del proyecto legislativo, es decir, hasta finales de este mes de marzo.
Así, la notificación emitida por el Ministerio de Política Territorial (las negociaciones serán con el Miteco) abre una ventana de negociación de seis meses, sin fecha exacta por el momento para la reunión, hasta el 30 de septiembre. De no alcanzar un acuerdo, aparecería de nuevo la posibilidad del recurso. “Por parte de Aragón, la posición es totalmente conciliadora, de colaboración, ante una ley estratégica”, ha declarado Mar Vaquero, quien ve también esa “voluntad” en el Gobierno Central para evitar un nuevo choque como el producido sin ir más lejos con la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Desde la DGA ven “compatible” garantizar tanto los intereses del Estado como los de la Comunidad a la hora de “fomentar la competitividad” en el sector energético del territorio. La número dos de Jorge Azcón se ha referido en este sentido a la “buena predisposición” que el presidente palpó en su primera reunión con Sara Aagesen para abordar los “retos conjuntos”, sobre todo en lo relativo a los nudos de Red Eléctrica, uno de los principales frentes abiertos a su vez con la implantación de los centros de datos y la llegada de nuevas empresas tecnológicas.
Y es que, como ha recordado Vaquero, la Ley de Energía se aprobó como un empujón al “desarrollo económico de Aragón” y un imán de “atracción de inversiones”. La negociación con el Estado, ha dicho, permitirá dotar de mayor “seguridad jurídica” a la normativa y no cree que este lapso pueda poner en peligro iniciativas en marcha o futuras.
