Aragón se prepara ya para una nueva campaña agrícola que volverá a movilizar entre 20.000 y 25.000 trabajadores en los próximos meses. Un despliegue clave para el campo aragonés, referente nacional en este ramo, y que este año llega con un mensaje claro desde el Gobierno de España: más control, más seguridad jurídica y tolerancia cero ante la explotación laboral.
Así lo ha trasladado este viernes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la inauguración de una jornada sobre documentación y extranjería organizada en Zaragoza, en la antesala de una campaña que se extenderá prácticamente hasta octubre con los frutos más tardíos. “Es un movimiento económico importantísimo, con un fortísimo impacto en el territorio y, sobre todo, en las áreas despobladas”, ha subrayado.
Y es que el sector agroalimentario representa en torno al 10% de la economía aragonesa y buena parte de su funcionamiento depende de esta campaña. De ahí que el foco se ponga en garantizar las condiciones laborales y legales tanto para empleadores como para trabajadores. “Es fundamental dar seguridad jurídica. Que los empresarios sepan en qué condiciones pueden contratar, ya sea en origen o aquí”, ha explicado Beltrán.
Pero más allá de la organización, el mensaje también ha sido contundente en materia de control. El delegado ha advertido de que durante la campaña se reforzará la vigilancia frente a posibles situaciones de abuso. “Se han detectado casos de condiciones laborales cercanas a la esclavitud. Eso es trata con fines de explotación laboral y se va a perseguir”, ha afirmado. En este dispositivo participan de forma coordinada la Oficina de Extranjería, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, con el objetivo de supervisar tanto la contratación como las condiciones reales sobre el terreno.
REGULARIZACIÓN EN MARCHA
La campaña agrícola llega además en paralelo a un proceso de regularización que el Ejecutivo central prevé activar en las próximas semanas. Según ha explicado Beltrán, la medida busca dar cobertura legal a personas que ya están trabajando y viviendo en España. “Se va a tener en cuenta a quienes ya están entre nosotros, que puedan demostrar que llevaban al menos cinco meses antes del final del año pasado”, ha detallado. También se incluirán solicitantes de protección internacional previos al 31 de diciembre.
El objetivo, ha recalcado, es claro: “Las personas que cuidan a nuestros mayores, que trabajan en residencias, que reparten paquetería o que recogen la fruta son personas llamadas a ser regularizadas”. Una respuesta, ha añadido, a una demanda tanto empresarial como sindical. En Aragón, la población migrante representa ya entre el 14% y el 15% de los trabajadores en activo, una cifra que evidencia su peso estructural en sectores como el agrario. “Ya están aquí, ya conocen el trabajo y tienen ganas de trabajar. Tenemos que facilitar su integración”, ha defendido.
Beltrán también ha aprovechado su intervención para cargar contra los discursos que vinculan migración y delincuencia o terrorismo. “Nada más lejos de la realidad. Hay que desmentir esos bulos de inmediato”, ha señalado, en referencia a declaraciones recientes del presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoo.
