Soy residente en un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza al que me trasladé, hace tres años, después de la pandemia junto a mi familia, buscando mejorar nuestra calidad de vida. Dejamos Cataluña con la ilusión de encontrar en este rincón de Aragón un lugar donde crecer y prosperar. Contamos con la promesa de mejoras esenciales para nuestra vida cotidiana, pero la realidad ha sido muy distinta.
La primera promesa incumplida se refiere a la instalación de fibra óptica en el municipio. Antes de mudarnos, la alcaldesa nos aseguró que este servicio estaría disponible pronto. Como propietario de una empresa de telecomunicaciones, me ofrecí para mediar con las operadoras y, gracias a mis gestiones, Movistar accedió a desplegar la fibra en el pueblo. Sin embargo, tres años después, aunque las cajas de conexión están instaladas desde agosto de 2021, seguimos sin tener fibra óptica. La razón: el cable troncal permanece enrollado a la salida del pueblo, sin ser conectado, debido a la negativa de un propietario local a permitir el paso por su terreno. El Ayuntamiento en vez de mediar con los dueños del terreno entra en una espiral donde se culpan mutuamente, mientras nosotros, los vecinos, médicos, seguimos esperando una solución que parece cada vez más lejana.
Otra promesa fue la instalación de un punto de recarga rápida para coches eléctricos, un tema que, como propietario de un vehículo eléctrico, era crucial para mí. La alcaldesa aseguró que se pondría en contacto con una distribuidora o comercializadora de energía para instalarlo. Hoy, no solo no tenemos ese punto de recarga, sino que parece que no es una prioridad para el Ayuntamiento.
Otro aspecto preocupante es la falta de coherencia en la gestión de los impuestos locales. Se nos aseguró una exención fiscal para vehículos eléctricos, pero la realidad es que no solo esto no se ha cumplido, sino que me encuentro pagando el impuesto más alto del municipio, a pesar de que mi coche es etiqueta 0 y no emite contaminantes.
Estas promesas incumplidas no son casos aislados, sino parte de un patrón más amplio de promesas vacías que parecen diseñadas para atraer nuevos residentes a un pueblo que, en realidad, no está preparado para recibirlos.
El Ayuntamiento promete viviendas en condiciones, servicios básicos y apoyo para emprender, pero la realidad es muy distinta. Las viviendas ofrecidas no son habitables, el bar del pueblo solo es rentable en los dos meses de verano, y los recursos disponibles son insuficientes y se priorizan en construcciones de promesas electorales, como una piscina municipal.
Mi intención no es simplemente quejarme, sino llamar la atención sobre la necesidad de un liderazgo responsable en nuestros pequeños pueblos. Considero que, para ejercer como alcalde, independientemente del tamaño del municipio, es fundamental contar con una formación académica adecuada en diversas áreas. No basta con tener buenas intenciones o presentarse como candidato solo por pertenecer a un partido diferente al del anterior alcalde, especialmente cuando se es consciente de que los recursos disponibles son limitados.
Estas promesas incumplidas no son hechos aislados, sino parte de un patrón preocupante que afecta a la confianza de los ciudadanos en sus representantes locales. Promesas hechas para atraer nuevos residentes se desvanecen en la realidad, revelando un municipio que carece de los recursos y la voluntad para cumplir lo prometido. Este tipo de gestión no solo perjudica a los actuales residentes, sino que también desalienta la llegada de nuevos habitantes, perpetuando los problemas de despoblación que afectan a nuestra región.
No me arrepiento de haber elegido Villanueva de Jiloca como mi hogar, pero es desalentador ver cómo las ilusiones se desvanecen por la falta de cumplimiento de compromisos fundamentales.
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