Opinión

Derechos fundamentales y libertades públicas

Conviene recordar que desde la promulgación de la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, otorgando a la libertad la categoría de valor superior. Lo que a priori es tangible, ha sido degradado por ciertos "exégetas" de todo corte político y condición social, generan o un contexto confuso e insano al contaminar, con apócrifas interpretaciones, su articulado.

Conviene recordar que desde la promulgación de la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, otorgando a la libertad la categoría de valor superior. Lo que a priori es tangible, ha sido degradado por ciertos "exégetas" de todo corte político y condición social, generando un contexto confuso e insano al contaminar, con apócrifas interpretaciones, su articulado.

Para el Derecho la seguridad en la literalidad de los textos reside en la genuina interpretación de lo escrito, en el propósito de la letra, para evitar que la voluntad del legislador sea sustituida por voluntades ajenas. Actualmente existen demasiados críticos verbosos que, al socaire de su osada ignorancia y con un subjetivo y vehemente interés, interpretan peregrinamente cuanto cae en sus manos. Esto no es cuestionar la libertad de expresión, pero sí es rechazar la trivialidad de aquellos comentarios que induzcan al error. No es novedoso que asiduamente se improvisen derechos y se quebranten libertades. Nuestra Ley Fundamental, como luz de puerto seguro, señala con precisión y nitidez aquellos derechos, deberes y libertades a los que tanto la ciudadanía como el propio poder se deben ceñir.

A tal efecto, y frente al laicismo feroz que azota nuestra convulsa sociedad, el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades, así como la aconfesionalidad estatal, que no es lo mismo que el ateísmo popular. Los detractores de la religión deben saber que dicho artículo ordena taxativamente a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y que mantengan por ello las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Por consiguiente, el Estado no ostenta confesión oficial alguna, pero los miembros que lo conforman sí. En este sentido, el texto es claro y la voluntad del legislador diáfana, a pesar de las maniobras de secularización que hostigan con ímpetu este imperativo constitucional. La libertad religiosa es una constatación de la sociedad, y en base a ella, y en virtud del principio de neutralidad y no confrontación, esa cooperación de las Administraciones Públicas, considerando proporcionalmente a cada culto, es un deber. Además el precepto constitucional se prolonga en los Acuerdos establecidos, así como en la Ley Orgánica de la libertad religiosa.

Con todo, se desprende una consecuencia evidente que el propio texto constitucional deduce de este principio de cooperación relativa al derecho a la educación.  El artículo 27.3 establece que los poderes públicos garantizan el derecho que les asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La letra es clara, la realidad turbia. Esto justifica que, a la sazón, la religión católica se pueda impartir en centros educativos públicos, existan conciertos con colegios religiosos, e incluso puedan recibir subvenciones las entidades privadas confesionales, dado que las instituciones no profesan confesión alguna, pero los alumnos sí. Y aquí radica el meollo de la cuestión. El Estado debe asegurar este derecho, pero no como educador, sino como garante.

Nuestro ordenamiento jurídico observa abiertamente estas legítimas posibilidades, lo que no resta a ciertos colectivos que les puedan irritar. Respetar esto es democracia, lo demás, harina de otro costal. El Estado no debe obstaculizar dicha cooperación, pues se arrogaría una “confesión” que constitucionalmente no le corresponde. Por la misma razón tampoco puede adoctrinar a los estudiantes con ideologías y métodos pedagógicos sumidos en la enseñanza. La labor educativa de los centros debe limitarse a impartir las asignaturas pertinentes y reforzar los valores adquiridos previamente en las familias, sin  traspasar el umbral constitucional.

Lo que está en juego es el derecho que tienen los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Lo que importa es que ninguna persona física o jurídica sea repudiada por su confesionalidad. La honestidad intelectual consiste en que uno no pretenda saber cosas que de hecho no sabe, ni pretenda ignorar cosas que sabe perfectamente (Olavo Carvalho). No perturbemos, pues, el espíritu recto que informa a las normas. Quien no entienda, o no quiera entender esto, no entiende lo que verdaderamente es la libertad.