Opinión

Antecedentes del Canal Imperial de Aragón (I)

El agua en Aragón siempre ha sido motivo de inquietud constante de los ciudadanos y los gobernantes, de modo que del agua y de sus aprovechamientos quiero escribir en este artículo y los siguientes
José Garrido Palacios

El agua en Aragón siempre ha sido motivo de inquietud constante de los ciudadanos y los gobernantes, de modo que del agua y de sus aprovechamientos quiero escribir en este artículo y los siguientes. Comienzo por el Canal Imperial de Aragón recordando las efemérides de los 500 años de la aprobación por Carlos V de la Acequia Imperial y los 250 de la designación de Ramón Pignatelli como Protector del Canal.

En Aragón, la referencia más antigua acerca de la canalización de aguas se encuentra en el yacimiento del Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza), ciudad celtíbera de ‘Contrebia Belaisca’, que alude al documento epigráfico conocido como ‘Tabula Contrebiensis’ o segundo bronce de Botorrita, con fecha 15 de mayo del año 87 a. C. El laudo de la sentencia, aprobada por cinco notables de la ciudad y el visto bueno del gobernador romano Cayo Valerio Flaco, narra un pleito sobre la conducción de aguas por terrenos comprados por unas personas de Salduie (Zaragoza) y otras de Alavona (Alagón) que no estaban conformes. La sentencia recayó a favor de los primeros.

Así, la necesidad de agua en Aragón se remonta a tiempos pretéritos, tanto el abastecimiento de los núcleos habitados como el laboreo de la tierra. De época romana se conservan restos de acueductos (en Los Bañales y Cella, por ejemplo), presas (en Muel y Almonacid de la Cuba), y canales o acequias; si bien la constitución de colectivos como ‘Hermandades’ o ‘Términos’ no se realizaron hasta poco antes de la Reconquista de la península ibérica.

Hay constancia de la primera concesión de aguas en 1125, en tiempos de Alfonso I el Batallador, al igual que se conoce que el rey Alfonso II, a finales del mismo siglo, otorgó a la Orden del Temple la conservación de la Acequia de Celtén (hoy Centén). También en la Baja Edad Media, con aguas procedentes de la Huerva y el Jalón, se regaron los campos meridionales de Zaragoza. Más aún, en 1533 se reconstruyó la Acequia de Centén (luego de la Almozara) para el mismo fin.

Un hecho relevante tuvo lugar en 1510 con la concesión por Fernando el Católico de la apertura de una acequia al sur del río Ebro, con un azud en Gallur o en Novillas, límite con Navarra; sin embargo, la falta de pendiente de las aguas obligó a desplazar la presa a Fontellas (‘El Bocal’), facilitado en 1512 por la integración de Navarra en la monarquía española. La llamada Acequia Imperial (en honor al rey de España y emperador Carlos V) era del Rey, no del Reino, y como tal fue administrada por la Junta del Real Patrimonio presidido por el gobernador de Aragón y dependiente de su Consejo. La obra fue costeada por la Corona con aportaciones de los regantes y el Concejo de Zaragoza.

El impulso definitivo llegó con Carlos V en los años veinte del siglo XVI (hace 500 años) con la aprobación de la obra por parte del Concejo y encargada a Juan de Sariñena, Juan Montañés y Gil Morlanes el Joven, reconocidos maestros, según dicen De las Casas y Vázquez en ‘El Canal Imperial de Aragón’ (CAI, 1999). La construcción iba a durar cinco años, pero se tardó más del doble. Nuevas dificultades –tipo aterramientos, roturas, etc.– sobrevinieron sin solución de continuidad y la acequia quedó inactiva en 1587.

Un hecho lamentable tuvo lugar en 1722, época del rey Felipe V, con la llegada de una gran riada que destrozó el azud y dejó seca la acequia, de forma que los pueblos ribereños se quedaron sin agua durante más de doce años. Mientras se arreglaba la obra surgió la idea de hacer navegable el río Ebro, de tal suerte que fue rediseñada la acequia como canal de riego y de navegación.

En 1757, el conde de Aranda reconoció en nombre del Gobierno el antiguo cauce de la acequia y ordenó levantar planos para continuar las obras. Diez años después, el Consejo de Castilla, con Aranda al frente, aprobó una Real Cédula para realizar el proyecto y asignarlo a la empresa Badín y Compañía con el fin de su construcción y explotación por cuarenta años; sin embargo, eso duró poco. Hubo dificultades y cambios, de manera que en 1772 (250 años atrás), en tiempos de Carlos III, el Consejo de Castilla designó a Ramón Pignatelli y Moncayo como Protector del Canal Imperial y a Pedro Herranat como director del proyecto, efectuado entre 1776 y 1790.