Opinión

Expectativas de la Comisión de Investigación de las renovables

Existe una corriente mayoritaria que considera las comisiones de investigación de todos los parlamentos y entidades públicas bastante inoperantes y pobres en resultados. Para constatarlo sólo hay que escuchar alguna de las múltiples tertulias radiotelevisivas o leer a prestigiosos columnistas y periodistas.

Existe una corriente mayoritaria que considera las comisiones de investigación de todos los parlamentos y entidades públicas bastante inoperantes y pobres en resultados. Para constatarlo sólo hay que escuchar alguna de las múltiples tertulias radiotelevisivas o leer a prestigiosos columnistas y periodistas.

Sería deseable que la Comisión de Investigación sobre la implantación de las renovables, que está activa en las Cortes de Aragón y próxima a su finalización, rompiera con esta opinión negativa respecto a su utilidad y propusiera unas conclusiones dignas de todos los testimonios y denuncias escuchados en la misma.

Los gestores públicos de los distintos organismos que han participado, bien del INAGA o diversos directores y funcionarios de Industria, han defendido sus actuaciones amparándose en sobrecargas de trabajo y en el cumplimiento de leyes complejas, pasando siempre la pelota a otra institución que no era la suya. 

Las empresas desarrolladoras de proyectos y las consultoras comparecientes han evidenciado serias contradicciones en sus exposiciones y dejado en evidencia que no ha sido un proceso tan claro y transparente como quieren hacer creer. Eso sí, han repetido hasta la saciedad la amenaza de posibles responsabilidades patrimoniales de la administración autonómica ante una moratoria de los proyectos, lo que es infundado si se trata de proyectos con plazos legales vencidos o mal presentados y deficientes, como reconocen algunas resoluciones.

En todos los casos, ha quedado clara la necesidad de una planificación y ordenación del territorio que no se ha llegado a hacer por las prisas o la desidia de algunos, quizás alimentada por el deseo de favorecer una descarbonización en manos de grandes empresas e intereses particulares, en lugar de ligarla a la acción ciudadana.

En la Comisión se ha declarado que se han tramitado algunos proyectos indebidamente por parte del INAGA; se han corregido informes y hasta se han duplicado para maquillar afecciones de algunos proyectos; se han admitido documentos para corregir estudios ambientales deficientes que no han sido expuestos en información pública ; se han ocultado informes o directamente no se han publicado; se han emitido Declaraciones de Impacto Ambiental negativas y positivas, sobre un mismo proyecto, el mismo día y sin argumentos nuevos; se han reubicado centrales sin proceso de participación pública; se han considerado modificaciones no sustanciales cuando la ley considera que si deberían serlo; se han tramitado proyectos sin la totalidad de la documentación requerida, como puede ser la falta de estudio de aves, de recurso eólico o de afecciones patrimoniales; se ha informado positivamente lo que otras comunidades autónomas consideran ilegal, como las falsas líneas de evacuación; se ha despreciado el principio de cautela y se ha menospreciado la afección a especies protegidas o en peligro de extinción; se ha falseado la ley con fraccionamientos amparándose en permisos de acceso difíciles de comprobar; se han obviado los informes urbanísticos o se ha cambiado el ordenamiento a posteriori. Todos estas y algunas otras razones deberían llevar a una resolución contundente, a una petición de responsabilidades y a presentar denuncias ante la fiscalía o el juzgado por algunas actuaciones de dudosa legalidad.

Quizás sea poner la venda antes de la herida, pero algunas posiciones y declaraciones escuchadas en la Comisión hacen presagiar que pueda cerrarse en falso y sin llevar a ningún resultado, resolviendo que “todo bien, excepto alguna pequeña cosa” por las prisas y la acumulación de proyectos.

Ojalá esta expectativa sea infundada y la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón alcance unas conclusiones sólidas y coherentes con lo escuchado y el Ejecutivo aragonés sea consecuente con las mismas y no tengan que ser los jueces los que pongan orden en un proceso tan desordenado e irregular.