Opinión

La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón

La memoria es subjetiva y personal, algo sobre lo que objetivamente no se puede legislar. Tampoco debería ser objetivo de Gobiernos y legisladores construir un relato oficial a modo de “memoria colectiva”, sobre la que no cabe crítica o disenso.

La memoria es subjetiva y personal, algo sobre lo que objetivamente no se puede legislar. Tampoco debería ser objetivo de Gobiernos y legisladores construir un relato oficial a modo de “memoria colectiva”, sobre la que no cabe crítica o disenso.

La Ley de Memoria Democrática de Aragón, y el resto de legislación sobre memoria histórica, son en sí mismas, rechazables porque van contra la libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, de investigación, de cátedra… Son liberticidas, además de totalitarias y sectarias.

Para la izquierda y la extrema izquierda su memoria es democrática, y la de los que no somos de izquierdas no es democrática.

Se argumenta desde la izquierda que la derogación de esta ley atentaría contra los valores democráticos. Pero es justamente lo contrario, pues derogar esta Ley de Memoria Democrática lo que refuerza son los valores de la libertad, la igualdad sin discriminaciones, la dignidad y el pluralismo.

Sólo los regímenes totalitarios pretenden legislar sobre la memoria y reescribir la historia de acuerdo a sus postulados políticos, intereses e ideología.

Con ella, se pretendió reescribir la historia, construyendo un relato histórico oficial acerca de un momento muy concreto de nuestra Historia, Guerra Civil y régimen franquista, que divide a los españoles con un “infantilismo interesado” en buenos y malos, verdugos y víctimas, y trata de establecer como verdad absoluta que hubo un bando que luchó por la libertad y la democracia, que era el Frente Popular, y otro, el bando Nacional, de los sublevados, que eran la encarnación del mal, y luchaban por imponer el fascismo a un pueblo, que según el relato oficial, parecía vivir en una especie de “arcadia feliz” en la Segunda República. Lo cual es completamente falso.

Así, se obvia que la Guerra Civil tuvo unas causas, unos detonantes, y unos hechos objetivos históricos muy graves (como la revolución de Asturias de 1934, el fraude electoral de 1936, el asesinato de Calvo Sotelo, crímenes contra los católicos y un clima prebélico con discursos incendiarios que llamaban a la guerra civil desde la propia izquierda) que precipitaron la sublevación de uno de los bandos. Hechos que deben conocerse para conformar una opinión crítica e informada sobre la realidad del devenir de los acontecimientos en una época tan convulsa.

No debe ni puede juzgarse un periodo concreto de nuestra Historia de forma aislada de su propio contexto histórico.

La Historia fue la que fue. Y debemos aceptarla y aprender de ella. No debe utilizarse como arma política y menos para reabrir heridas y enfrentar o dividir a los españoles. La Guerra Civil Española fue una guerra entre hermanos, entre compatriotas, una guerra donde todos perdimos, donde hubo excesos y crímenes en ambos bandos, en vanguardia y retaguardia.

Para muchos historiadores, esta Ley es un atentado a la libertad y a la convivencia entre los españoles. Y se resisten a que bajo el “garrote” de la multa, la sanción, el expediente o la cancelación, les impidan expresarse, opinar, investigar, escribir, acudir a las diversas fuentes e interpretar la historia en libertad.

La utilización de estas leyes, y de esa “verdad histórica oficial”, a modo de “pensamiento único” para orientar y dirigir el adoctrinamiento de nuestros hijos en los centros escolares es otra razón para oponernos a ella y derogarla.

De otra parte, estamos a favor de facilitar desde las Administraciones públicas que se localicen y exhumen todos los cuerpos, sin distinción de bandos, para poder ser honrados y debidamente enterrados por sus familias y seres queridos.

Hubo un perdón, una concordia, una transición y una reconciliación entre españoles, y con ello se debió cerrar una herida que no hemos de olvidar, pero tampoco reabrir.