El PAR rechaza las medidas de recorte que lastran el futuro de la provincia

El Comité Intercomarcal del PAR de Teruel analizó este viernes temas de máxima importancia para la provincia como los Planes de Desarrollo Rural, la agrupación de municipios de menos de 5.000 habitantes y la supresión de partidos judiciales. Ha rechazado las medidas de recorte que lastran el futuro de la provincia.

Zaragoza.- El PAR celebró este viernes en Utrillas una nueva reunión del Comité Intercomarcal de Teruel. Este encuentro sirvió para estudiar las últimas medidas que el Gobierno de España quiere aprobar y que afectan directamente a la provincia de Teruel. Los responsables intercomarcales del Partido Aragonés han mostrado su preocupación por las graves consecuencias que para las comarcas turolenses puede tener la supresión de los Planes de Desarrollo Rural.

De ahí su apoyo y respaldo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario del PAR en las Cortes de Aragón en la que pide al Gobierno central y a la DGA que realicen los trámites necesarios para ejecutar los planes comarcales de zona. Para ello es imprescindible que los PGE consignen 14,2 millones de euros para cofinanciar los planes en Aragón. “Este es un tema fundamental para vertebrar el territorio y para crear empleo en las zonas rurales. La provincia de Teruel es un claro ejemplo donde la administración debe potenciar todos aquellos proyectos que permitan fijar población”, han señalado en un comunicado.

En esta línea de defensa del medio rural turolense, el Comité Intercomarcal del PAR defenderá el modelo organizativo territorial de Aragón, basado en las comarcas, y su oposición a la agrupación de ayuntamientos, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para el Partido Aragonés la organización territorial de esta Comunidad Autónoma ha demostrado ser un instrumento sumamente eficaz para acercar la administración al ciudadano y apoyar la gestión de los pequeños ayuntamientos.

De igual manera, el Comité Intecomarcal rechazará la supresión de partidos judiciales que castigará a una provincia con importante dispersión poblacional, recortará los servicios que la administración de Justicia debe prestar a los ciudadanos y supondrá una nueva pérdida de puestos de trabajo.