El Supremo desestima el recurso de la DGA contra los requisitos de la Agencia Espacial Española

La Sala considera que los criterios de selección no infringen los principios de vertebración y equilibrio territorial
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón contra los acuerdos del Consejo de Ministros por el que se establecieron los criterios de valoración para la determinación de la sede de la Agencia Espacial Española (AEE) y por el que se eligió a Sevilla como sede física de dicho organismo.

La Sala considera que los criterios de selección no infringen los principios de vertebración y equilibrio territorial, como sostenía el Ejecutivo autonómico, que en su recurso alegaba que se habían establecido unos requisitos que excluían la candidatura de Teruel, que desde 2021 había manifestado su interés en ser sede de la conocido.

El tribunal explica que el sistema que introduce el Real Decreto no mantiene la práctica de la Administración General del Estado de la designación directa de las sedes de sus entidades, sino que introduce dos novedades. Por un lado, señala que exceptúa la regla de fijar las sedes en Madrid y, por otro, que lo hace mediante un procedimiento competitivo susceptible de control jurídico.

La sentencia, ponencia del magistrado, José Luis Requero, indica que se trata de un sistema que se autoimpone la Administración General del Estado basado en el principio de desconcentración, como expone el Real Decreto, que invoca como criterio inspirador del nuevo régimen de determinación de sedes la vertebración y el equilibrio territorial.

La consecuencia -afirma la Sala- es “que, antes, las otras Administraciones territoriales albergarían la expectativa de que en su territorio se fijase una de esas sedes, ahora tienen ya el derecho a que se haga mediante ese procedimiento y que se haga aplicando correctamente sus previsiones”.

La Sala concluye que, al impugnar el requisito “características de la localidad”, la demanda parte de “un error de base” al sostener que “tales criterios responden al principio de descentralización”, lo que “hemos rechazado pues el sistema de determinación de sedes físicas responde al principio de desconcentración”. A esto añade que tal criterio piensa en las grandes capitales lo que, en sí, no es censurable, pues son los principios de eficacia y adecuación los que exigen unas infraestructuras que compensen la desconcentración territorial de la Administración General del Estado al fijar la sede fuera de la capital.