Acepta un año de cárcel por impedir a una empresa cobrar unos pagarés valorados en más de 102.000 euros

Un hombre ha aceptado un año de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros por impedir a una empresa que le suministró hormigón cobrar unos pagarés valorados en 102.130,66 euros. Según el escrito del fiscal, el acusado ordenó firmar estos pagarés con una rúbrica "similar" sabiendo que "nunca podrían cobrarse como efectivamente sucedió".

Zaragoza.- Un año de cárcel y una multa de 1.080 euros. Es la pena que ha aceptado este jueves Andrés B. R. por impedir a una empresa que le suministró hormigón cobrar unos pagarés valorados en 102.130,66 euros.

En el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza iban a sentarse junto a él otras dos personas por su presunta vinculación con estos hechos, pero finalmente las acusaciones les han retirado los cargos.

Los hechos se remontan al año 2013 cuando la empresa Zubetón S.L., que se dedica a proporcionar hormigón en pasta para obras, suministró a Hormilaser S.L., cuyo mandatario es el acusado, varios metros cúbicos de este producto para su empleo por valor de 102.130,66 euros.

Zubetón generó entonces dos facturas. La forma de pago debía ser a 60 días de la entrega de pagarés que tenía que producirse antes de 45 días de la fecha de las facturas, según reza el escrito del fiscal. Tras varios requerimientos, Zubetón fue informado de que podía recoger los pagarés en las oficinas de Hormilaser.

Dichos pagares estaban "rellenados correctamente" y firmados "con una rúbrica similar" a la del acusado "por orden expresa de éste", entiende el fiscal. De esta forma se tranquilizaba el deseo de cobrar de Zubetón y se generaban semanas de "pausa" que permitían al acusado "organizarse de la manera que más le conviniera, sabedor de que esos pagarés nunca podrían cobrarse, como efectivamente sucedió", señala el Ministerio Público.

Ante el impago de los pagarés a su vencimiento, se inició un procedimiento civil y Andrés B. R. alegó entonces "falsedad de la firma de los documentos", algo que él "conocía desde el principio", señala la Fiscalía. Esa alegación llevó a paralizar el procedimiento hasta la actualidad y se originó al acreedor un perjuicio de 102.130,66 euros.