Los problemas cardíacos de una acusada obligan a suspender un juicio del Inaem contra un sindicato

En la Audiencia de Zaragoza debía de haberse juzgado al gestor del sindicato USO y a la responsable de una empresa de formación por, presuntamente, estafar al Inaem con unos talleres de enseñanza. Sin embargo, se ha tenido que suspender porque uno de los acusados ha sido ingresado por problemas de corazón.

Zaragoza.- Por problemas cardíacos de uno de los acusados el juicio del Inaem contra el gestor de un sindicato ha tenido que ser suspendido. El magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza ha decidido que este caso se juzgue, si no hay contratiempos, el próximo mes de julio.

El abogado de la enferma, Fernando Lacruz, ha expuesto ante el tribunal que su cliente fue hospitalizada el lunes por problemas de corazón y que siguen haciéndole pruebas, por lo que no sabe cuándo saldrá del centro sanitario.

Los dos procesados, Jesús Manuel C.C. y Fuensanta M.C., se enfrentan a seis años y medio de prisión por los delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y estafa. No obstante, sus abogados defensores, Víctor Laguardia y Fernando Lacruz Navas, lo niegan y mantienen, de forma provisional, la libre absolución.

Según la Fiscalía, ambos acusados manipularon y alteraron, según el Ministerio público la documentación, incluso la oficial, dando lugar a una actuación falsaria con ánimo de lucro que supuso un engaño tanto al Inaem como al propio sindicato USO sobre su cumplimiento.

Los contratos entre la institución y el sindicato ascendían a 138.247,50 euros. No obstante, la cantidad adelantada fue en total 51.654,25 euros, correspondientes a tres contratos sobre hostelería, comercio y seguridad privada.

Y es que las acusaciones resaltan en sus escritos que, tras observar posibles irregularidades, decidieron hacer una auditoría. En ella se afirmaba un incumplimiento por parte de los plazos de comunicación de calendarios, alumnos y acciones formativas y desconocimiento de los alumnos de haber asistido a acciones formativas, cuando algunos habían sido declarados a varios cursos de un mismo programa. Asimismo, señalaba una serie de irregularidades en la cumplimentación de la documentación administrativa de las personas asistentes a los cursos, llegando a detectar numerosas no coincidencias entre las firmas de los DNI y las de los documentos obligatorios en cada acción formativa.

Asimismo, el representante de la Fiscalía asegura en su escrito que la mercantil que iba a realizar los cursillos llegó a contestar diversos requerimientos realizados por el Inaem utilizando papel con membrete de la USO, de los que este sindicato nunca tuvo conocimiento. 

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