Juzgado un empresario vasco por calumnias hacia el expresidente de Aragón Marcelino Iglesias

El empresario vasco Santiago Sánchez ha sido juzgado este viernes acusado de un delito de calumnias al expresidente socialista de Aragón, Marcelino Iglesias, por acusarle de haber cobrado un millón de euros por desbloquear una operación urbanística en La Muela. Iglesias pide para él dos años de cárcel y 30.000 euros de indemnización.

Zaragoza.- El empresario vasco Santiago Sánchez ha sido juzgado este viernes, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza, acusado de un delito de calumnias hacia el expresidente socialista de Aragón, Marcelino Iglesias, por acusarle de haber cobrado una mordida de un millón de euros a cambio de desbloquear una operación urbanística en La Muela (Zaragoza).

La Fiscalía no ve probado tales hechos y por eso solicita que se le imponga una multa de 1.260 euros. A través de su abogado, Enrique Trebolle, el expresidente de la DGA y senador del PSOE pide que se condene al empresario vasco a dos años de cárcel y al pago de 30.000 euros de indemnización. La defensa por su parte, ejercida por la letrada Lourdes Barón, ha solicitado su absolución.

Ante el magistrado que le ha juzgado, Santiago Sánchez se ha ratificado en los hechos que relató en una declaración jurada y publicados por el diario El Confidencial. Según su versión, los empresarios de Construcciones Sagain Francisco Aramburu e Ignacio Unsain pagaron un millón de euros a Marcelino Iglesias en diciembre de 2008 por facilitar un cambio de calificación urbanística de unos terrenos en La Muela. Esto había sido inicialmente denegado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.

Siempre según su versión, Marcelino Iglesias cobró ese dinero a través del constructor y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. Éste lo recibió en una reunión entre Aramburu y Unsain en un céntrico hotel de la capital aragonesa pocos días antes de la recalificación. En su día, Marcelino Iglesias negó los hechos.

Francisco Aramburu e Ignacio Unsain fueron condenados a uno y tres años de cárcel, respectivamente, por un delito de tráfico de influencias (Aramburu) y tres delitos contra la Hacienda Pública (Unsain) en el juicio por el caso La Muela.