Hasta 34.000 hogares aragoneses recibirán el Bono Social Térmico a final de año

Viviendas de Zaragoza
photo_camera La concesión de esta ayuda aumentó en 2022 hasta los 16,6 millones de euros

Unos 34.000 hogares aragoneses se beneficiarán a final de año del Bono Social Térmico, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque gestionado por el Gobierno de Aragón. El Departamento de Industria ya ha notificado a los beneficiarios la concesión de esta ayuda, que en 2022 se aumentó hasta los 16,6 millones de euros, repartiendo entre 260 y 800 a cada vivienda.

El Gobierno de Aragón adelanta con estas notificaciones uno de los pasos fundamentales en la gestión del Bono Social Térmico, cuyo importe económico, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, será transferido a la Comunidad Autónoma a finales de año. Tras recibir esta comunicación, tendrán la posibilidad de renunciar a esta ayuda o de solicitar un cambio de cuenta bancaria. Podrán hacerlo descargando la notificación, mediante su DNI sumado a un código que habrán recibido en la carta. No obstante, las personas que no tengan posibilidad de realizar este proceso telemático, recibirán una notificación postal para que puedan realizar la gestión. El último paso de este proceso será la publicación en el Boletín Oficial del Estado para las notificaciones infructuosas.

Contar con los datos de los beneficiarios permitirá que entre octubre y noviembre se pueda completar todo el proceso, dado que habrán tenido la oportunidad de renunciar en la web o a través de un documento escrito que se presentará en el registro del Gobierno de Aragón o a través del correo postal. Mediante este proceso, se aúnan las posibilidades electrónicas y postales y se agiliza la parte más costosa del trámite para que, una vez se reciba la transferencia del Gobierno central, se pueda realizar el pago en tan solo unos días. Por otra parte, se ahorra en el coste de la notificación al reducir el número de notificaciones postales porque los gastos de gestión recaen en las Comunidades Autónomas.