JUICIO SARIÑENA

La ex alcaldesa de Sariñena resalta que el querellante le ofreció solucionar todo con una indemnización

Segunda jornada del juicio contra cuatro cargos públicos de Sariñena, entre ellos dos ex alcaldes, por una supuesta ilegalidad en la concesión de licencias a granjas. Durante la vista, la ex primer edil por el PSOE, Lorena Canales, ha resaltado ante los jueces que el querellante le ofreció solucionar los problemas con una indemnización.

Zaragoza.- En el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha continuado este jueves el juicio contra cuatro cargos públicos del Ayuntamiento de Sariñena, entre ellos dos ex alcaldes, por cometer, presuntamente, prevaricación y desobediencia con la concesión de licencias de dos granjas de cerdos en la localidad oscense.

El miércoles fue el turno del ex primer edil y diputado por el PP en las Cortes, Antonio Torres, y este jueves ha sido de la que le sustituyó por el PSOE al frente del Consistorio, la también parlamentaria autonómica Lorena Canales. Ambos han recalcado que todas sus decisiones se basaban en informes previos de los técnicos del Consistorio.

Canales ha querido dejar claro a los miembros del tribunal que ella fue la que acató la sentencia del TSJA que decía que el ahora querellante, Mariano Martín Damper –el que primero pidió la licencia de construcción de una granja de cerdos– tenía razón y que la otra persona a la que se le concedió permiso para una explotación de esas características, José Luis Mazuque, debía de cerrarla.

Si bien, la ex alcaldesa ha asegurado que esta decisión, que la tomó dos días antes del 22M, lo hizo porque era un fallo firme y porque los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento así se lo hicieron ver. “Yo tomo decisiones políticas y no administrativas, así que rubriqué lo que a mí me dijeron que había que hacer”, ha apostillado.

No obstante, al abogado de la acusación, ejercida por Javier Peregrina, estas explicaciones no le han convencido, ya que el Ayuntamiento de Sariñena decidió recurrir varias sentencias que decían lo mismo. A lo que le ha replicado Canales que su cliente, Mariano Martín Damper, le sugirió en una conversación que todos los problemas se solucionaban si había una indemnización por medio a lo que ella se negó. Asimismo, ha resaltado que la granja que tuvo que cerrarse estaba a pleno rendimiento, cuando la del demandante, que fue el primero en pedir la licencia y en concedérsela, todavía no está terminada de construir.

Junto a la alcaldesa también ha declarado el ex concejal de Urbanismo del PAR, Rafael Alastrué, quien ha afirmado que en su condición de presidente de la comisión de Urbanismo se limitó a firmar las decisiones de los técnicos respecto a la licencia del demandante.

Este viernes continuará la vista con la declaración del querellante, así como de personal del Ayuntamiento.

La acusación particular solicita penas de inhabilitación de nueve años para los cuatro acusados y multas de 9.000 euros por los delitos de prevaricación y desobediencia, así como de cinco años de prisión para Lorena Canales y el ex secretario de la corporación por falsedad documental. Además, reclama una indemnización para su cliente de 483.000 euros, y la declaración del Ayuntamiento de Sariñena como responsable civil subsidiario en el pago.

Mientras, el fiscal y las defensas, Javier Fanlo, José María Gascón y Miguel Ángel Pinedo, piden la libre absolución.